La Comisión de Gobierno del Consell Insular de Menorca aprobará el próximo lunes el inicio del expediente de resolución de contrato de la carretera general por mutuo acuerdo, después de que el nuevo equipo de gobierno insular ordenase la paralización de la obras en el tramo entre Maó y Alaior. iniciadas el pasado 25 de septiembre de 2014,
Así, según indica el equipo de gobierno en comunicado de prensa, "se inicia el proceso de resolución con el mutuo acuerdo de las partes, lo que hace prever que no tendrán que abonar indemnizaciones y sólo tendrán que abonar al contratista las prestaciones realizadas. A partir de aquí será posible la puesta en marcha de un proceso con la redacción de un nuevo proyecto que saldrá a concurso próximamente".
La presidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord, valoró de forma muy positiva que se pueda trabajar a partir de ahora en un nuevo proyecto, "que se pueda ejecutar sin problemas y que se adapte al modelo de una Menorca sostenible, un ejemplo de Reserva de Biosfera".
Según la dirección insular de comunicación del Consell Insular, desde el momento mismo del inicio de las obras, "el contratista pidió modificar el proyecto aduciendo carencias y imprevistos, y cifraba en un 38 por ciento del presupuesto del incremento acometer".
Según añade el Consell "durante todo el 2015 se ha producido una ralentización en la ejecución de las obras de forma que a fecha de 31 de julio de 2015 quedaba por ejecutar el 80,95 por ciento del presupuesto con un retraso de seis meses sobre catorce".
De esta forma, se inicia el proceso de resolución con el mutuo acuerdo de las partes, lo que hace prever que no tendrán que abonar indemnizaciones y sólo tendrán que abonar al contratista las prestaciones realizadas, según afirma la institución menorquina. A partir de aquí, añade, será posible la puesta en marcha de un proceso con la redacción de un nuevo proyecto que saldrá a concurso próximamente.
Según añade el comunicado de prensa, "analizada la situación se ha concluido que hay un problema de fondo que parte de un proyecto lleno de imprevistos y carencias que no se puede ejecutar tal como se contrató y que tampoco es posible modificar porque la ley no lo permite. En este sentido, la única opción existente era rescindir el contrato por lo que se iniciaron negociaciones con la UTE para llegar a un acuerdo más beneficioso y justo por los intereses públicos". Así, el Consell Insular de Menorca ha recurrido a argumentos técnicos para justificar una decisión política. Según la Ley no es posible modificar el proyecto diseñado por el anterior equipo de gobierno, ya en fase de ejecución. Tan solo era posible recurrir a una resolución de contrato con la constructora en base evidentes retrasos y sobrecostes, para redactar más tarde otro proyecto diferente.
