El presidente del Consell, Santiago Tadeo, ha afirmado este martes que "gracias a la gestión realizada por la conselleria de Ordenación del Territorio hemos creado la máxima seguridad jurídica posible, tanto para el conjunto de la ciudadanía como para posibles inversores".
Tadeo, acompañado por la consellera de Ordenación de Territori, Marta Vidal, ha puesto como ejemplo la aprobación de la Norma Territorial Transitoria y la modificación del Plan Territorial Insular de 2003 que redacta el departamento.
Estas figuras de planeamiento, junto con las leyes autonómicas del Suelo, Turística y Agraria, "posibilitan un cambio de modelo económico para la creación de puestos de trabajo como mejor política social, siempre desde el paraguas de la Reserva de la Biosfera y sin cruzar líneas rojas".
El presidente de la primera institución menorquina ha destacado que "este trabajo culminará con la aprobación de forma inicial en el pleno de este mes de mayo del reglamento para el despliegue y adaptación de la Ley de Ordenación y Uso del Suelo a la realidad de Menorca".
"Queremos crear seguridad jurídica real y es que este texto es un manual del uso del urbanismo para cualquier ciudadano", ha afirmado la consellera Vidal, quien ha explicado que "nuestro objetivo consiste en aprobar un documento inteligible y fácil de aplicar para generar seguridad jurídica".
Entre las novedades ha destacado el derecho de los ciudadanos a recibir un pronunciamiento por parte de la administración antes de tramitar un proyecto.
"Antes de gastar dinero en proyectos técnicos, el particular tendrá derecho a conocer si su idea es viable desde el punto de vista jurídico y de planteamiento presentando sólo una memoria y una mínima documentación gráfica", ha indicado la consellera.
Otra opción que se incorpora es la aprobación definitiva parcial, de forma que si hay deficiencias en una parte del planeamiento municipal que se tramita, podrá ser aprobada la parte jurídica y técnica correcta para ganar agilidad administrativa.
Otras acciones consisten en el carácter pedagógico del reglamento para que pueda ser interpretado "de forma ágil y fácil con un único texto" y reformar la disciplina urbanística, de manera que en caso de una ilegalidad flagrante se procederá a la demolición inmediata.
