El Consell d'Eivissa garantiza contundencia en la persecución del alquiler turístico ilegal, una vez aprobada definitivamente la nueva Ley y el decreto-ley de modificación de la Ley Turística de las Islas Baleares, que aumenta las sanciones económicas y dota administración insular de mejores mecanismos para combatir estas prácticas. Así lo ha manifestado la institución insular con la difusión de un comunicado de prensa tras la publicación de una información en el Periódico de Ibiza y Formentera que afirma que "las sanciones a los pisos turísticos tardarán 4 o 5 años en ejecutarse".
El director insular de Turismo, Vicent Torres Ferrer, afirma respecto a la tramitación de expedientes sancionadores por alquiler turístico ilegal, que "se está dotando el Departamento de Turismo de los medios humanos, técnicos y económicos suficientes para agilizar las tareas de investigación, inspección, e instrucción de los expedientes sancionadores por alquiler turístico ilegal ".
El director ha recordado que el actual gobierno del Consell de Ibiza se encontró una función inspectora "bajo mínimos, por culpa de los recortes de personal del PP, lo que ha provocado que la resolución de expedientes se haya demorado demasiado en el tiempo ". Sin embargo, el Departamento de Turismo trabaja desde hace dos años "en revertir la situación para agilizar todos los trámites, ya partir de ahora, gracias a la modificación de la Ley de Turismo, actuar con más contundencia para combatir la oferta ilegal ".
Una dotación de recursos y cambios legales que tienen por objetivo "disuadir a los infractores que tanto daño están haciendo a nuestra isla, ya que la práctica del alquiler turístico ilegal afecta los precios del alquiler residencial de forma que no se encuentran viviendas asequibles para familias o funcionarios, lo que provoca una masificación incontrolada, afecta gravemente a los recursos de nuestra isla y supone una degradación de la calidad de los servicios públicos y de la oferta turística ".
Con la nueva Ley, la comercialización turística de una vivienda sin autorización implica una infracción grave con multas entre 20.001 y 40.000 euros, tanto para el propietario como para el explotador o el comercializador, y por cada vivienda que se ofrece.
En el caso de las plataformas o de otros titulares y explotadoras de los canales de comercialización turística, la publicidad o promoción de oferta ilegal implica sanciones de hasta 400.000 euros.
