La institución ha aprobado en la sesión plenaria de 28 de mayo una declaración institucional en este sentido, con la que se compromete a garantizar la comprensión efectiva de los textos de la institución, y especialmente de los dictámenes, mediante el uso de un lenguaje claro como herramienta para democratizar el acceso a la información.
Se trata de conseguir textos estructurados y concisos, reducir la sobrecarga estilística que a veces se asocia al lenguaje jurídico, disponer la información de manera ordenada y cohesionada, y evitar expresiones vacías de contenido y estructuras complejas. Esto implica utilizar un lenguaje más sencillo, claro e inteligible y también actualizar los arcaísmos siempre que sea posible, evitar los latinismos innecesarios y explicar los términos técnicos más específicos, sin por eso restar en los textos formalidad, precisión y objetividad.
El Consell Consultiu de Baleares es el único organismo consultivo autonómico de toda España que hasta ahora se ha unido a la iniciativa y se suma, así, a las instituciones de la comunidad autónoma que de momento se han adherido a la Red. Hasta la fecha también lo han hecho la Universidad de las Illes Balears (UIB), el Ayuntamiento de Palma, la Real Academia de Medicina y los colegios de abogados y notarios.
Para cumplir con sus objetivos, la Red pretende integrar todas las iniciativas en defensa del derecho fundamental de los ciudadanos a comprender las leyes y normas básicas reguladoras de la convivencia social. También aspira a incorporar proyectos en favor de la accesibilidad del lenguaje.
