La Vicepresidenta primera y consejera de Vivienda del Consell Insular de Eivissa, Viviana de Sans, mantuvo este domingo una reunión con las familias afectadas por un nuevo caso de amenaza de desahucio colectivo de todo un bloque de pisos en la zona de Roca Llisa (Santa Eulària). Se trata de un total de 16 viviendas en el que viven varias familias con un total de 12 menores, entre ellos algunos bebés. En este encuentro, en el que han participado unos 14 vecinos y 8 niños, De Sans ha querido escuchar su versión y poder valorar de primera mano la gravedad de su situación. En la reunión, los vecinos explicaron que entraron en estos pisos hace cuatro años, cuando el inmueble llevaba siete años abandonado y las viviendas estaban en mal estado.
Este es uno de los casos de riesgo de desahucio que se pusieron en conocimiento de la Vicepresidenta el pasado mes de septiembre, cuando los inquilinos recibieron un aviso de desahucio de parte de la entidad financiera La Caixa, que entonces era la propietaria del inmueble.
En ese momento, el Consell realizó diversas gestiones de intermediación y el banco aceptó suspender el desahucio. No obstante, a finales de la semana pasada, De Sans recibió un escrito de una de las personas afectadas informando de unas supuestas amenazas e intimidaciones por parte de una serie de personas que decían hablar en nombre de los nuevos propietarios, y que los conminaban a abandonar los pisos, hechos que, según los afectados, denunciaron a la policía. El viernes pasado, la entidad bancaria confirmó al Consell Insular que, efectivamente, habían vendido el inmueble.
A la salida de la reunión, De Sans ha expresado preocupación por el hecho de que fondos de inversión empiecen a interesarse en la adquisición de bloques de viviendas residenciales para usarlos de manera especulativa. "Es importante que todas las administraciones públicas nos ponemos de acuerdo y actuamos conjuntamente para encontrar alternativas a las familias, y evitar que se produzcan estos dramas", ha señalado. La vicepresidenta ha lamentado también que la entidad bancaria haya vendido el inmueble entero y que no haya sido posible llegar a un acuerdo de alquiler con los residentes.
