Así lo ha reclamado el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, en declaraciones a los medios este viernes después de conocer una sentencia en la que un juzgado de Palma rechaza el recurso presentado por la concesionaria y la obliga a pagar 345.000 euros al Consell.
Según ha expuesto Fuster, diez días antes de dejar el gobierno insular, en junio de 2023, el anterior equipo reclamó los impagos a la empresa concesionaria, un total de 345.000 euros en concepto de canon y suministros que no se abonaron durante más de un año.
En este sentido, ha preguntado a Cladera "por qué en ese momento" y no durante el tiempo en que la empresa no abonó los 20.000 euros al mes correspondientes a la concesión. "Tengo la firme convicción de que si no hubiesen perdido las elecciones y hubieran seguido goberbando, no hubiesen reclamado esa deduda", ha dicho, advirtiendo que "es muy pero que muy sospechoso".
Igualmente, ha señalado que la concesionaria apuntó que hay un responsable político que permitió que esto sucediera y que acordó con la concesionaria, sin dejarlo escrito, un pago mensual de 400 euros, en lugar de 20.000 euros.
Fuster ha preguntado así al PSIB quién fue esa persona y ha agregado que en pandemia hubo una reducción del canon en todas las concesiones y que fue después cuando, en lugar de volver a la situación anterior, esa empresa concesionaria se dejó de pagar lo estipulado.
En concreto, según el Consell, la empresa concesionaria no abonó el canon entre los meses de junio de 2021 y mediados de octubre de 2022, lo que supone una deuda de 332.000 euros. Por otro lado, tampoco se pagaron los gastos de suministro entre octubre de 2022 y febrero de 2023 (unos 13.500 euros).
Sobre los 400 euros que habría abonado la concesionaria en concepto de canon, tras supuestamente alcanzar un acuerdo verbal con alguien del Consell, a la institución insular no le consta ningún ingreso con esta cantidad, puesto que en la liquidación que el Instituto del Deporte Hípico de Mallorca presentó en junio de 2023 no se reduce ningún importe.
Si la portavoz de los socialistas no da explicaciones, el conseller insular ha informado que el equipo de gobierno está valorando pedir su comparecencia ante la Comisión de Transparencia de la institución insular.
Fuster ha reprochado la situación a Cladera apuntando que "si lo sabía, muy mal" pero que igualmente, en caso de no saberlo, era su equipo de gobierno el responsable de que cada mes se cumpliera con lo firmado.
Por otro lado, ha indicado que actualmente el Consell está "centrado" en esta concesión pero que en caso de "tener sospechas" de que haya podido ocurrir una situación similar en otro departamento se hará una auditoría.
EL PP CELEBRA LA SENTENCIA Y PIDE TAMBIÉN EXPLICACIONES
El PP en el Consell de Mallorca ha valorado positivamente la sentencia y ha lamentado que la deuda de más de 345.000 euros supuso un "grave perjuicio" para las arcas públicas,.
"Sorprende que el gobierno de Cladera no iniciara ninguna reclamación por el impago del canon hasta pocos días antes de dejar el cargo, un hecho que demuestra la dejadez con la que se gestionó este contrato público", han aseverado desde el grupo insular en una nota de prensa.
Por ello, se han sumado a la exigencia por parte del conseller insular a la actual portavoz socialista para que "dé explicaciones públicas a los ciudadanos de Mallorca, en un ejercicio de transparencia y responsabilidad institucional".
La portavoz del grupo 'popular', Núria Riera, ha considerado que la sentencia "pone luz sobre la dejadez y permisividad con la que el anterior gobierno gestionó los espacios públicos". "Nosotros no solo lo denunciamos, sino que lo hemos corregido: hemos actuado con responsabilidad, defendiendo hasta el final los recursos de los mallorquines", ha asegurado.
En cuanto a las alegaciones de la empresa de restricciones derivadas de la pandemia o supuestos acuerdos verbales, Riera ha subrayado que es "un caso más de gestión opaca, falta de control y ausencia total de exigencia por parte del Pacte de izquierdas".
A su parecer, "hoy el Consell recupera la dignidad institucional y lanza un mensaje claro: quien no cumple con el bien público, responde".
