La responsabilidad del poder legislativo se ha puesto de manifiesto en la resolución de la Audiencia Provincial de Palma por la que, entre otros contenidos, se acuerda no aplicar la doctrina “Botín” a la Infanta Cristina de Borbón.
Como es habitual en el ámbito jurídico, cuando existen diferentes criterios jurisprudenciales, contradictorios incluso, como en este supuesto, en cuanto a la interpretación y aplicación de determinada/as normas jurídicas, no queda otra que acudir al análisis de cuál fue la pretensión del legislador al redactarla.
Esto es ni más ni menos lo que han hecho las Magistradas responsables de la decisión, probablemente, más mediática, de la historia judicial de nuestro País.
Han analizado pormenorizadamente la norma en la que se basa la aplicación o no de la denominada doctrina “Botín”, a fin de averiguar cuáles fueron los condicionantes y circunstancias que, en el momento de la aprobación de su redacción, pretendió regular el Poder Legislativo.
Dicho de forma más coloquial, han analizado las distintas enmiendas presentadas por los Partidos Políticos a esa Ley, y de forma concreta a los artículos afectados, a fin conocer cuál era esa “voluntad legislativa” inicial y en base a ello, decidir, si el actual supuesto de hecho, esto es, la situación de la Infanta, era o no subsumible en una interpretación jurisprudencial u otra (es decir, la interpretación de su defensa, o la interpretación de la acusación Manos Limpias).
Este análisis de la norma, no es extraordinario. Así debe hacerse porque así lo prevé nuestra legislación, en cualquier caso en el que existan dudas en cuanto a la interpretación de la norma a aplicar a un caso concreto.
Dicho de otro modo: la justicia en este caso, es igual para todos. Cuestión distinta, que no entraré a valorar porque otros se encargarán de ello por su morbo, son los 85 folios de la resolución que, comparados con los dos o tres folios habituales, no dejan de sorprender a quienes desde hace muchos años, nos dedicamos a estos quehaceres. Pero lo entiendo, si yo tuviera que dictar un Auto acordando que la Infanta debe ir a Juicio, procuraría no ser tan escueta como suelo ser, y haría exactamente lo mismo: un estudio pormenorizado, una mini tesis doctoral, un artículo jurídico a fin de cuentas.
Lo que me preocupa por tanto, no es ese trabajo responsable de la Audiencia (sin entrar a detallar lo que opino o dejo de opinar sobre la no aplicación de la doctrina “Botín” porque sin ver la documentación de un procedimiento no me pronuncio nunca); lo que me preocupa es que nuestro PODER LEGISLATIVO anda actualmente a la deriva, más preocupado por salir en la tele cada noche, y en las portadas al día siguiente, que en la tarea de LEGISLAR, presentar enmiendas a las leyes y hacer un trabajo serio y riguroso.
Me preocupa porque algún día, esas enmiendas presentadas en el Parlament o en el Congreso, servirán a algún Juez o Magistrado, para interpretar un texto legal que induce a confusión o invita a diferente interpretaciones. Y de la calidad de ese trabajo LEGISLATIVO, dependerá nuevamente el resultado del trabajo del PODER JUDICIAL.
Seamos conscientes de la gran responsabilidad de quienes ocupan sillas en nuestras Instituciones, de la responsabilidad de los técnicos a quienes encomiendan dicho trabajo, y de la responsabilidad que tenemos todos cuando vamos a depositar nuestro voto en las urnas.
