El futuro de la Oficina Anticorrupción creada esta legislatura es una incógnita. La grandilocuencia de los discursos pronunciados cuando se creó, o cuando su director tomó posesión a principios de año, se ha ido diluyendo hasta convertir en un interrogante lo que deben ser sus funciones, sus competencias, sus medios o su propio sistema de funcionamiento.
Nueve meses después de que Jaume Far fuera nombrado director de la nueva Oficina Anticorrupción de Baleares, las dudas sobre su futuro nacen en el seno mismo de los partidos que acordaron su creación. En estos meses la oficina ha contado únicamente con la persona de su director, instalado en dependencias del Parlament y con un coste laboral de 120.000 euros para las arcas públicas si se tiene en cuenta su salario de 95.000 euros anuales más las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.
En todo este tiempo, Far ha pretendido que se le dote de un reglamento y ha tenido conocimiento de “algunos” asuntos que podrían ser objeto de su investigación. En la práctica, su labor ha sido nula, limitada por los propios partidos del Pacte que han optado por reducir al máximo el margen de maniobra del flamante alto funcionario de la comunidad. Hasta 150 enmiendas han llegado a presentar PSIB, Més y Podem al reglamento de la oficina, impidiendo, entre otras cosas, que el departamento pueda tener acceso a las cuentas bancarias de investigados o financiarse con dinero recuperado gracias a sus investigaciones.
La pirueta del Pacte con la Oficina Anticorrupción pone en evidencia las muchas dudas que existen, si no temor, a que un organismo de estas características tenga vida propia y acabe investigando al propio Govern. Las voces del Pacte que han entrado a valorar la actual situación niegan el fracaso que ha supuesto la iniciativa e insisten en que se trata de un órgano independiente, que no entra en competencia con el poder judicial. Al margen de estas palabras, la realidad es que parecen darse cuenta de lo que supone la existencia de esta oficina y rechazan darle a su director los recursos que reclama para poder funcionar.
Frente al Pacte, el líder popular, Biel Company, tachaba este miércoles la iniciativa de “postureo político” y anunciaba su eliminación, en caso de gobernar tras las próximas elecciones. Company se suma a quienes consideran innecesaria esta oficina por suponer una duplicidad de las competencias que ya desarrollan los estamentos judiciales. De hecho, jueces, fiscales y policías no se han mostrado especialmente contentos con la iniciativa. Algunos, incluso, la consideran un insulto a su función.
Atajar la corrupción en la administración debe ser un objetivo de todos los servidores públicos. Y lo lógico es que se haga con los mecanismos judiciales que, en Baleares, ya han demostrado su capacidad para investigar y castigar a los culpables. Para ello, lo mejor es que desde los organismos públicos se facilite el trabajo a jueces y fiscales, sin querer ir por libre con investigadores ni tribunales paralelos. No hacerlo para insistir en esta nueva oficina es abundar en un fracaso que, además, tiene un elevado coste económico.
