El GOB ha anunciado este miércoles que se ve obligado a retirar el contencioso interpuesto contra el Consell a finales de 2013 por las obras de reforma de la carretera general. El motivo es el alto precio de las tasas judiciales, "inasumibles para cualquier organización sin ánimo de lucro", según han explicado los ecologistas. Sin embargo, aseguran que pretenden llevar el caso al Defensor del pueblo y a instancias europeas.
En la nota publicada en su sitio web, el GOB explica que la cuantía de las tasas se determina en función del valor de lo que se reclama; en el caso de cuestiones medio ambientales ésta acostumbra a designarse como indeterminada y se estima un valor en base a unos 30.000 euros. En este caso, el Secretario judicial ha aceptado la petición del Consell de situar la cuantía en el valor total de la obra de reforma de la carretera, unos 10,7 millones de euros. En consecuencia, "se disparan tanto las tasas como cualquier otro nuevo requisito del proceso, que podrían llegar a centenares de miles de euros, hasta el punto de hacerlo imposible para una entidad sin ánimo de lucro como el GOB".
El recurso presentado por los ecologistas a esta decisión ha sido rechazado. El GOB argumenta que el contencioso se interpuso por los efectos medioambientales de las rotondas, que no estaban incorporadas en el proyecto ganador. "No es este un pleito donde se discuta si la carretera se la quedará el Consell o el GOB, sino como se puede mejorar su integración con otros parámetros medioambientales".
Los ecologistas aseguran que llevarán el caso al Defensor del pueblo y a los tribunales europeos y que denunciarán la falta de argumentos de fondo por parte del Consell, así como el precedente que puede significar "la aplicación de criterios y legislaciones como las actuales, que tienen ya presentados recursos ante el Tribunal Constitucional por parte de otras organizaciones".
