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El Gobierno utiliza las instituciones en su beneficio

miércoles 22 de abril de 2020, 12:02h

Peca de ingenuo aquel que crea que cualquier político al llegar al poder está dispuesto a poner en riesgo su logro sin batallar hasta donde sea preciso, incluso recurriendo a todos los mecanismos que el Estado a puesto a su alcance, legales o ilegales si hace falta. Si el PP puso en marcha la “policía patriótica” con el comisario Villarejo, ahora el PSOE y Unidas Podemos echan mano de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Civil y la Policía Nacional para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno” en las redes sociales, como admitió el general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

Por más que aquella confesión fue atribuida a un lapsus, más tarde hemos sabido que el Servicio de Información recibió indicaciones claras y precisas de monitorizar las redes sociales en ese sentido. De esta forma tan poco democrática pretende la coalición gubernamental luchar contra las críticas de ciudadanos y de la oposición, a la que se acusa sin pruebas —aunque yo estoy plenamente convencido de ello— de recurrir a 'bots' y a programas informáticos para multiplicar exponencialmente las interacciones negativas y de censura al Gobierno.

Que el general Santiago se desdiga ahora diciendo que se respeta la libertad de expresión suena a chiste. No hay en España ni un solo general de la Guardia Civil que sepa lo que es ejercer la libertad de expresión de forma plena. De hecho, todos ellos la han reprimido con saña siempre que han tenido oportunidad. Pocos son los representantes de las asociaciones profesionales de guardias civiles que no han sido sancionados por hacer declaraciones a los medios de comunicación, algo que casi sempre ha sido rectificado por los jueces.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha declarado en multitud de ocasiones contrario a la libertad de prensa y a la mera existencia de medios de comunicación privados. “El periodismo es un arma que vale para disparar. (…) Los medios de comunicación son armas. (…) Que existan medios privados ataca a la libertad de expresión” llegó a declarar.

La inclusión de la pregunta del CIS planteando la posibilidad de censurar tanto en medios de comunicación como en las redes sociales de informaciones relativas a la pandemia del Covid-19 que no emanen de fuentes oficiales, es decir del Gobierno, es aberrante y demuestra que se quiere ir por ese camino. Las parodias de rueda de prensa con preguntas filtradas por el Secretario de Estado de Comunicación corroboran todo lo anterior.

Y por si todo eso fuera poco, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha declarado: “No podemos aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos, que transmiten a la ciudadanía consecuencias que luego pueden alterar su salud y que además van en contra de los criterios científicos y de la integridad de las instituciones públicas”. ¿Mensajes negativos? Sí, lo han oído bien. Como al general Santiago hablar de “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.

No hay la menor duda de lo que se pretende por parte del Gobierno. Con la excusa de combatir los bulos y la desinformación durante el estado de alarma, se están dando pasos para apuntalar retrocesos en las libertades fundamentales reconocidas en la Constitución, fundamentalmente en la libertad de expresión. Estamos ante un Gobierno que usa las instituciones en su propio beneficio y para acallar las críticas a su gestión. Ambas cosas son ilegítimas y deben ser denunciadas. Que esto lo hagan partidos de izquierdas es aún peor porque es fácil imaginar su reacción si este mismo comportamiento lo llevase a cabo un gobierno del PP. Ya ven que ahora no se habla de la Ley Mordaza, pero es la misma que el ministro del Interior ha ordenado aplicar con toda severidad —pese a la oposición de la Abogacía del Estado— a todos aquellos que incumplen el confinamiento.

Del mismo modo que la anterior crisis económica fue la excusa perfecta para recortar en derechos sociales y laborales (conforme el ideario político de la derecha más radical), si no andamos con cuidado ahora se recortará en derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa (conforme al ideario político de la izquierda más radical).


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