Consell de Ibiza y Govern han establecido "las líneas básicas de colaboración y trabajo" en materia de servicios sociales, en el encuentro que han mantenido hoy el presidente del Consell, Vicent Torres y la consellera de Bienestar Social, Igualdad y Relaciones con Entidades y Asociaciones, Lydia Jurado, con la consellera balear de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago. Durante la reunión se han abordado asuntos como la deuda del Govern al Consell de Ibiza (de 2 millones de euros) para la liquidación del Consorcio Sociosanitario, la gestión de las residencias de Ibiza por parte del Consell, la ampliación de los recursos sociales y las medidas contra la pobreza.
El presidente del Consell ha agradecido la "predisposición total para buscar la solución durante este año" sobre la deuda del Govern correspondiente a la liquidación del Consorcio. Fina Santiago ha explicado que durante la reunión se ha creado una comisión para ver cuál es la deuda del Consorcio, ya que "la voluntad del Govern es liquidar esta deuda".
Respecto a la gestión de los recursos residenciales, "tenemos la voluntad de que el Consell de Ibiza pueda ir gestionando las residencias progresivamente, con una financiación correcta", dijo Santiago. Lo primero de todo será cuantificar el coste efectivo de la gestión de los centros. Para este 2015, el coste estimado es de 3.425.000 euros de la Residencia Can Blai y 2.218.000 euros de la residencia de Can Raspalls.
Fina Santiago ha hecho especial mención al programa de Renta Social Garantizada que prepara el Govern. Supondrá un total de 426 euros por cada miembro de la familia, una ayuda que en primer lugar recibirán las que no tienen ningún tipo de ingreso. Posteriormente, se ampliará a otros perfiles, con requerimientos como de un mínimo de residencia en las Islas Baleares de 3 años. Se estima que unas 3.000 familias del conjunto de las islas se podrían beneficiar.
Otros compromisos que ha adquirido la consellera Fina Santiago en su visita a Ibiza han sido los de aumentar el concierto de plazas de dependencia y recursos como los pisos tutelados.
Respecto a la privatización de la Residencia de San Antonio, Fina Santiago ha dicho que el Govern "respetará el contrato" mientras valora "si es adecuado o no". Según ha manifestado, "haremos un seguimiento que todos los compromisos asumidos en este contrato para que se cumplan".
