Lucha contra el intrusismo

El Govern prohibirá la captación ilegal de clientes en aeropuertos y puertos

Aeropuerto Turistas
Vehículos con licencia VTC en el aeropuerto de Palma. Foto: J. Fernández Ortega

El Govern ha iniciado la fase operativa de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo, implementando un conjunto de medidas para fortalecer la inspección y sanción de actividades ilegales en sectores clave como el transporte y el turismo. En su primera reunión, se presentaron acciones concretas destinadas a combatir prácticas como la captación ilegal de clientes y la oferta turística irregular.

El Govern balear ha puesto en marcha la fase operativa de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo con un amplio paquete de medidas destinadas a reforzar la inspección y la capacidad sancionadora frente a las actividades ilegales que afectan a sectores estratégicos de la economía de las islas, especialmente el transporte, el turismo, el comercio y determinadas actividades industriales.

La primera reunión operativa de este órgano, constituido el pasado mes de marzo, ha servido para presentar las actuaciones concretas que comenzarán a desplegarse en los próximos meses, con especial atención al transporte terrestre y a la oferta turística ilegal.

Uno de los cambios más relevantes afecta al transporte de viajeros. La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha anunciado nuevas medidas legislativas para combatir la captación ilegal de clientes y los servicios de transporte no autorizados, especialmente en aeropuertos, puertos y estaciones de transporte público.

Entre las novedades destaca la prohibición de estacionar autobuses y minibuses sin contratación previa en estas infraestructuras. Esta conducta pasará a considerarse una infracción muy grave y podrá ser sancionada con multas de entre 1.001 y 6.000 euros. Hasta ahora, esta práctica carecía de una regulación específica.

Asimismo, la captación ilegal de pasajeros por parte de autobuses y minibuses fuera de las oficinas autorizadas será castigada con sanciones de entre 6.001 y 12.000 euros. El mismo régimen se aplicará a los vehículos de transporte con conductor (VTC) que capten clientes en la vía pública o presten servicios sin la correspondiente autorización administrativa.

El Govern también regulará de forma más estricta a las empresas intermediarias de transporte de viajeros, obligándolas a verificar que los servicios contratados cuentan con todas las autorizaciones exigidas por la legislación vigente.

Refuerzo de la inspección turística

La lucha contra la oferta turística ilegal constituye otro de los ejes prioritarios de la nueva estrategia autonómica. El Ejecutivo balear ha incrementado un 25 por ciento las sanciones vinculadas a actividades turísticas irregulares, que podrán alcanzar los 500.000 euros en los casos más graves.

Según los datos facilitados durante la reunión, solo en Ibiza las sanciones impuestas durante 2024 por actividades relacionadas con la oferta turística ilegal rozaron el millón de euros.

Paralelamente, el Govern ha desplegado el mayor refuerzo inspector de los últimos años. Mallorca ha pasado de 20 a 30 inspectores turísticos; Menorca ha incorporado nueve nuevos efectivos; e Ibiza ha aumentado su plantilla de cinco a nueve inspectores. Además, está prevista la incorporación de otros 35 inspectores financiados mediante fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Coordinación entre administraciones

La Mesa de Lucha contra el Intrusismo se estructurará en tres grupos de trabajo especializados. El primero se centrará en el transporte terrestre y el alquiler de embarcaciones; el segundo abordará el alojamiento turístico y la oferta ilegal; y el tercero actuará sobre actividades comerciales, industriales y de ocio desarrolladas al margen de la normativa.

Durante la reunión también se destacó la importancia de la colaboración entre administraciones, cuerpos policiales y sectores económicos legales. Como ejemplo de esta cooperación, el Govern informó de que una denuncia presentada por el Colegio Oficial de Guías Turísticos ha derivado en expedientes sancionadores por un importe aproximado de 300.000 euros.

La vicepresidenta del Govern subrayó que la Mesa pasa ahora "de la constitución a la acción" con el objetivo de coordinar esfuerzos y ofrecer una respuesta más eficaz frente a un fenómeno que afecta a la competitividad empresarial, la seguridad de los usuarios y la calidad de los servicios en Baleares.

Suscríbase aquí gratis a nuestro boletín diario. Síganos en X, Facebook, Instagram y TikTok.
Toda la actualidad de Mallorca en mallorcadiario.com.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Más Noticias