El presidente del Instituto Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, considera que el reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, “pervierte todo el sistema de protección”.
En efecto, estamos ante una imposición injusta y profundamente discriminatoria. Al quedar fuera del reparto Euskadi y Catalunya, mientras otras comunidades autónomas, como Baleares, que recibirá 49 menores, asumiendo la carga de una problemática social de envergadura, se está priorizando la conveniencia política del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios, PNV y Junts, por encima de la justicia social.
Este desajuste en la distribución de menores migrantes no acompañados responde, claramente, a una estrategia para congraciarse con los socios de investidura del Ejecutivo, cuyas exigencias son las que han condicionado esta decisión.
El PNV y Junts, que gozan de una posición privilegiada en la estabilidad del Gobierno, han logrado imponer su voluntad, dejando en evidencia que lo que realmente importa para Sánchez es mantener a toda costa esa mayoría parlamentaria, incluso si para ello se sacrifica la equidad entre las comunidades autónomas.
El resultado es un sistema de reparto que discrimina a Baleares, que debe asumir una carga que no le corresponde, mientras Euskadi y Catalunya, por motivos puramente políticos, quedan exentas de responsabilidad
El resultado es un sistema de reparto que discrimina a Baleares, que debe asumir una carga que no le corresponde, mientras Euskadi y Catalunya, por motivos puramente políticos, quedan exentas de responsabilidad.
Es una política que atenta contra la lógica de solidaridad interterritorial y, lo que es aún más grave, contra los principios básicos de la gestión equitativa de los flujos migratorios. Los menores migrantes no acompañados no son piezas de un tablero político; son personas vulnerables que requieren un tratamiento justo y humano, sin ser utilizadas como moneda de cambio para satisfacer intereses partidistas.
Este “trágala” del Gobierno pone de manifiesto el verdadero coste de la política de alianzas, donde lo que se impone no es la justicia, sino la necesidad de salvar la legislatura. Un grave error que, lejos de resolver el problema, solo contribuye a agravar el problema.
Y, además, no tiene en cuenta la crisis migratoria que sufre Baleares y que amenaza con colapsar aún más los servicios de acogida y protección de menores. Una irresponsabilidad que tendrá consecuencias.
