El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, ha dado el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados al exdirector general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente del consorcio para la construcción del Palma Arena, Jorge Moisés, y la exsecretaria general técnica de Vicepresidencia, Jane King, tras dar por finalizada la instrucción de una pieza del ‘caso Palma Arena’ relacionada con un contrato menor de 12.000 euros por un estudio del que no existe constancia. Así lo ha hecho constar en el auto que ha dictado para transformar las diligencias previas de esta pieza, la número 12, a procedimiento abreviado para dar paso a la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma para que presenten sus escritos de acusación o pidan el archivo de estas investigaciones, como paso previo a la apertura de juicio oral, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. En concreto, el juez apunta en su resolución a la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. De acuerdo a las pesquisas, desde la Dirección General de Deportes se propuso la contratación de Moisés, con la mediación de King, para la elaboración de un estudio para la supresión de barreras arquitectónicas en el velódromo palmesano, por un importe de 12.000 euros, lo que permitía adjudicar el contrato de forma directa sin necesidad de convocar concurso público para que concurrieran otras empresas. Ello a pesar de que, según los investigadores, este trabajo nunca se llevó a cabo. En cualquier caso, Ballester ya negó ante el juez tener conocimiento de estos hechos mientras que también Moisés dijo que el exdirector general no sabía nada de ello. Según el magistrado, Ballester "influyó decisivamente" en King, de la Conselleria de Vicepresidencia, cuyo sistema de contratación administrativa sido puesto "previa y expresamente" por el expresidente del Govern, Jaume Matas, a disposición de Ballester, para que le encargase a Moisés este estudio. Lo cual, proseguía el juez, debía realizarse "con el ropaje" de un contrato administrativo menor. En un anterior auto, Castro señalaba que tanto Moisés como Ballester eran "conscientes" de que este encargo era "totalmente incompatible" con la condición de gerente del primero y de que "carecía de formación para llevarlo a buen puerto". La tramitación del expediente del contrato se inició el 14 de noviembre de 2006 y la factura librada fue pagada diez días más tarde.
