La exmilitante socialista Leire Díez en una comisión de investigación en el Senado. | RTVE.
El magistrado impuso retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial. Las medidas responden a la solicitud de la fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas. Al no existir acusación particular, el juez no podía decretar prisión.
Los detenidos llegaron en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08:30 horas. El juez comenzó a tomarles declaración a partir de las 10:00 horas. Los tres abandonaron la sede judicial por su propio pie a las 13:42 horas.
La UCO detuvo a los investigados este miércoles por orden judicial. La causa permanece bajo secreto de sumario y la impulsa la Fiscalía Anticorrupción. Se investigan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
El juez ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza. Las actuaciones afectan a empresas vinculadas a Servinabar, relacionada con Santos Cerdán según la UCO. Los agentes registraron Forestalia y solicitaron documentación en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa.
La Guardia Civil también pidió documentación en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica. Este último aseguró que entregó los expedientes con total colaboración y conforme a los procedimientos habituales.
Además de los tres detenidos, la causa incluye al expresidente de Enusa José Vicente Berlanga. Fuentes del caso elevan a más de una docena el número total de investigados.
Leire Díez figura además como investigada en Madrid por tráfico de influencias y cohecho. El juez Arturo Zamarriego considera que lideró una actuación coordinada para obtener información comprometida. Díez declaró que actuó como periodista y negó vínculos con el PSOE o ofrecimiento de favores.
Vicente Fernández presidió la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019. Hacienda Foral de Navarra reflejó pagos de Servinabar por más de 100.000 euros entre 2021 y 2023. Fernández dimitió tras su imputación en el caso Aznalcóllar, del que resultó absuelto.
Antxon Alonso también figura investigado en el Supremo por el caso Koldo. Negó mordidas y desvinculó a Cerdán de Servinabar, aunque reconoció pagos a Koldo García como comisionista. Defendió que siempre fue socio único de la empresa.
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