La toma en consideración e inicio de la tramitación parlamentaria de la iniciativa, similar a una no legislativa que ya se aprobó en la Cámara autonómica a petición del PP, saldrá adelante previsiblemente con los votos de Vox y el PP.
Con esta ley Vox propone la prohibición total del burka y el niqab en todo espacio público, multas de hasta 30.000 euros para quienes reincidan en su uso o impongan su utilización a menores o mujeres bajo tutela.
Se proponen reformas en el Código Penal para castigar con penas de prisión de hasta cuatro años a quien obligue, intimide o coaccione a una mujer a portar estas prendas, así como expulsión del territorio nacional para personas extranjeras que reincidan en la infracción.
La ley establece, además, que esta imposición del uso de velos integrales se considera contraria al orden público y a la dignidad humana, principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.
Será en un pleno en el que también se debatirá la toma en consideración de una proposición de ley de Unidas Podemos para dotar al Govern de un mecanismo sancionador con el que perseguir el acoso inmobiliario y la discriminación en el acceso a la vivienda.
La iniciativa legislativa la registró en 2025 la exdiputada de esta formación, Cristina Gómez, que la bautizó como 'ley desokupa', según ha señalado el ahora diputado José María García.
La ley pretende modificar la Ley de Vivienda autonómica para incluir el citado mecanismo, con el que también se pretende sancionar el incumplimiento por parte del arrendador de hacerse cargo de los gastos de gestión inmobiliaria.
SESIÓN DE CONTROL
El pleno, el penúltimo del actual periodo de sesiones, comenzará a las 09.00 horas con el debate de las preguntas de control a la presidenta y a los miembros del Govern.
En este punto, los grupos volverán a preguntar por la saturación turística tras batirse en marzo un nuevo récord de presión turística y después de que se haya convocado una nueva manifestación contra la saturación para el próximo 26 de julio.
La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, tendrá que responder sobre la reciente intención del Gobierno central de recurrir al Tribunal Constitucional la derogación de la ley de memoria democrática.
