El Partido Popular de Eivissa ha hecho hoy valoración pública del Decreto Ley de medidas urgentes en materia urbanística aprobado por el Govern de les Illes Balears el martes pasado, día 12, y con el que el Consell d’Eivissa se ha manifestado muy a favor.
José Vicente Marí Bosó, presidente del PP ibicenco, ha comparecido acompañado de Mariano Juan Guasch, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Consell d’Eivissa; Mariano Juan Colomar, coordinador insular de ordenación del territorio; y Carmen Ferrer, coordinadora insular de turismo.
Marí Bosó ha acusado al Govern que preside Francina Armengol de paralizar el crecimiento económico, romper la senda del bienestar y la creación de puestos de trabajo. Ha calificado la norma aprobada de “decreto ómnibus que vale por 6 o 7 decretos ley” y que afecta a todas las actividades económicas de las islas. “No se dejan nada”, a postillado Marí.
“Las mismas políticas antiguas de incremento exagerado de los impuestos, descontrol del gasto público y moratorias, conducen al mismo resultado del pasado, parálisis, burocracia, arbitrariedad y paro”, ha explicado el presidente del PP insular.
Marí Bosó ha puesto en valor el modelo económico del PP, un modelo basado en el turismo de calidad, que no consuma territorio, desestacionalizando y “añadiendo valor y en lugar de construir, rehabilitar”.
El diputado ibicenco ha denunciado que el decreto aprobado es “pura ideología para lavar conciencias pero sin modelo definido” y que “lo para todo durante prácticamente tres años, pelotazo para arriba y el que venga que arregle los problemas”. Y ha admitido que es posible plantear modificaciones a normativas pasadas, pero ha criticado que se paralice todo prácticamente tres años sin saber qué se quiere hacer, ya que la moratoria es un fin en sí misma, según opina Marí Bosó. “Se tiene que saber qué se quiere hacer”, ha sentenciado el presidente insular de los populares.
INSEGURIDAD JURÍDICA
Los populares han criticado que el Decreto Ley aprobado genera inseguridad jurídica y que ello causará que los inversores no vendrán a invertir y que los residentes no sabrán qué se puede hacer en sus propiedades.
En especial han criticado la suspensión de la disposición adicional 10ª de la vigente Ley del Suelo, aprobada en la anterior legislatura.
Mariano Juan Colomar, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Eulària, ha lamentado que con la norma aprobada por el Govern se impedirá la regularización de construcciones por las cuales los ayuntamientos estaban recaudando muchos millones de euros. Ha concretado que en su municipio se han recaudado no menos de 2 millones de euros que por Ley habían de ser destinados a medio ambiente o VPO, lo cual lo convertía en “una verdadera Ecotasa”, pues se recaudaba en los ayuntamientos y se gastaba en los ayuntamientos. “No se iba a Palma”, ha apostillado.
