La justicia ha hablado, y esta vez lo ha hecho desde la razón y el sentido común. El Real Club Náutico de Palma (RCNP) seguirá en manos de sus socios. No es solo el cierre de un litigio —a menos que la Autoridad Portuaria decida recurrir lo irrecurrible—. Es el final, feliz y merecido, de una larga travesía entre la incertidumbre y el desgaste institucional, y el inicio de una etapa de estabilidad que la náutica balear necesitaba como el aire que respiramos.
Durante años, el RCNP ha vivido con el alma en vilo, atrapado entre interpretaciones jurídicas y decisiones políticas que rozaban lo absurdo. La Autoridad Portuaria de Baleares (APB), con el respaldo de la Abogacía del Estado y el visto bueno del Consejo de Estado, convirtió un asunto de gestión pública en una guerra de desgaste contra una institución centenaria. Parecía que todo valía para apartar a los socios de su propio club, incluso forzar lecturas legales tan retorcidas como injustas.
El puerto de Palma no es una finca en alquiler, sino un espacio ciudadano que pertenece a todos
No se trataba solo de una concesión. Se trataba de la memoria colectiva de una ciudad que, pese a su aparente desconexión, siempre ha tenido en el Náutico su ancla más sólida. Por eso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares no solo reconoce la validez del contrato original y la legalidad de la concesión. Reconoce también —de forma implícita— que las instituciones no pueden actuar como si el tejido social que sostienen estas entidades fuera prescindible. Que el puerto de Palma no es una finca en alquiler, sino un espacio ciudadano que pertenece a todos.
El fallo devuelve al Náutico algo que ningún decreto podía garantizar, la tranquilidad. La posibilidad de mirar al futuro sin la sombra de un concurso o de un desalojo. De planificar inversiones, modernizar instalaciones y seguir impulsando el deporte de base y las competiciones que proyectan el nombre de Palma en el Mediterráneo y más allá.
Pero también deja una lección importante. El poder público debe servir, no asfixiar. Las batallas jurídicas que han mantenido en vilo a clubes, astilleros y entidades portuarias en Baleares no pueden convertirse en la norma. La Autoridad Portuaria haría bien en leer este fallo no como una derrota, sino como una llamada de atención. Menos soberbia institucional y más diálogo. Menos miedo a ceder protagonismo y más respeto por quienes realmente dan vida al puerto.
Y un reconocimiento necesario a Rafael Gil March y a su junta directiva, que recogen el testigo de tantos presidentes y equipos anteriores que han defendido durante años los derechos del club con paciencia, rigor y dignidad. Esta victoria no es de un nombre, sino de una comunidad que se negó a rendirse.
Porque, al final, el Real Club Náutico de Palma no es solo un club, es un símbolo. Uno de esos pocos lugares donde Palma sigue respirando mar. Que siga en manos de sus socios es, en el fondo, que siga en manos de la ciudad. Hoy el Náutico gana un juicio, sí. Pero lo que realmente recupera es su derecho a soñar y a crecer.
