Todo ello forma parte del fallo de la sentencia que desestima la demanda para la declaración de error judicial interpuesta por el Ayuntamiento de Son Servera contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) de septiembre de 2015 que acordó que este Consistorio tenía que abonar a la empresa Melchor Mascaró SA 348.588 euros más los intereses por las obras.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado que se deduzca testimonio para que se investigue si en la ejecución de las obras del carril bici y peatonal de Son Servera a Cala Millor -Avenida Joan Servera Camps- se hubiera incurrido en un delito de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos o en algún otro tipo de infracción penal.
La decisión, adoptada por el Tribunal Supremo a petición de la Fiscalía, se apoya en la existencia en las actuaciones de declaraciones relativas a que "se ejecutaron obras no proyectadas y que se pactaron precios verbalmente al margen de los oficiales".
