El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha obligado a la Oficina de Conflicto de Intereses —dependiente del Ministerio para la Transformación Digital— a admitir la denuncia del Partido Popular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su participación en el rescate público de Air Europa pese a los posibles vínculos de su esposa, Begoña Gómez, con la compañía o su matriz, Globalia.
La denuncia del PP, registrada en marzo de 2024, fue rechazada inicialmente por la Oficina y la Secretaría de Estado de Función Pública sin llevar a cabo ninguna investigación formal. Ahora, el TSJM corrige esta actuación, considera que sí debía haberse tramitado la denuncia y obliga a reabrir el expediente con una investigación mínima que permita adoptar una resolución fundamentada, aunque esta acabe siendo de archivo.
Según la sentencia, el tribunal destaca que “debe procederse a la tramitación de la denuncia con una actividad de investigación al respecto” y que, solo después de esa fase, se podrá dictar una resolución, “que puede ser el archivo de las actuaciones si resulta así, pero en todo caso ha de adoptar una decisión motivada y pronunciarse sobre las pruebas solicitadas”.
Falta total de indagaciones
El PP denunció que Sánchez debía haberse abstenido de intervenir en las decisiones del Consejo de Ministros relativas al rescate de Air Europa —por valor de 475 millones de euros— al poder verse afectado por los intereses de su esposa. En su respuesta, la Oficina de Conflicto de Intereses descartó el conflicto, basándose exclusivamente en un informe de la Secretaría General de la Presidencia, que aseguraba que Begoña Gómez no tenía ni había tenido relación laboral o profesional con Air Europa ni Globalia.
Pero para los magistrados del TSJM, este informe no basta. “No se ha producido actividad material de investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses”, subrayan. Añaden que “no se aporta documentación alguna que sustente el contenido del informe” y que “los hechos que se denuncian requieren una actividad mínima de investigación”. Es más, inciden en que la mera negativa sobre una supuesta vinculación de Gómez con Air Europa “no es suficiente”.
Interés público y transparencia
La resolución también entra en el fondo del asunto al reconocer la legitimación del PP para presentar la denuncia e impugnar su archivo, y recuerda que la Oficina ni siquiera valoró las diligencias de prueba que solicitó el partido de Alberto Núñez Feijóo. “Nada consta en este caso a este respecto”, lamenta el tribunal.
En un mensaje de fuerte calado político, el TSJM remata su sentencia subrayando que investigar si ciertas actividades pueden comprometer la imparcialidad de un alto cargo como el presidente del Gobierno no solo es una cuestión legítima para el principal partido de la oposición, sino también “de interés general, por la necesaria transparencia que debe presidir la actuación del órgano de vigilancia”.
De esta forma, el tribunal no entra a valorar si existió o no conflicto de intereses, pero sí establece que, antes de desechar una denuncia de este tipo, es imprescindible abrir una investigación real. La pelota vuelve así al tejado del Gobierno, que deberá ahora instruir el expediente y decidir con argumentos si procede o no el archivo.
