En estos meses en que hemos estado sumergidos por el tsunami provocado por la pandemia de la covid-19 nuestra principal y casi única preocupación ha sido la sanidad, pero, por desgracia, enfocada casi en exclusiva a la atención y prevención del SARS-Cov-2, que ha monopolizado casi toda la actividad sanitaria, con la sola excepción de los procesos de urgencia y las actuaciones terapéuticas y diagnósticas inaplazables por la propia naturaleza de los procesos patológicos implicados.
Las consecuencias para la propia organización y el funcionamiento del sistema sanitario han sido muy perjudiciales y es innegable que se ha descuidado la asistencia ordinaria y que muchos procesos no urgentes han quedado aplazados y que ello ha supuesto que muchos pacientes se encuentran ahora en peor situación que antes del confinamiento, además de que hay un retraso acumulado que va a significar un incremento importante en las demoras de las listas de espera, lo que aun empeorará más la situación.
El sistema sanitario, por tanto, va a tener que hacer un gran esfuerzo para normalizar la situación y retomar la asistencia ordinaria, los protocolos de actuación, reasignar todas las actuaciones retrasadas, reprogramar las agendas y listas de espera y todo ello simultáneamente con mantener la vigilancia de la covid-19 y la puesta en marcha de nuevos programas relacionados con la vigilancia epidemiológica, como el de rastreo de contactos de los casos nuevos que se vayan detectando, lo que va a ser particularmente importante ante la reanudación de la actividad económica, sobre todo la turística, puesto que un rebrote incontrolado de la epidemia tendría consecuencias letales.
Es dudoso que el sistema pueda hacer frente a la reanudación de la asistencia ordinaria manteniendo la capacidad de atención de un rebrote de covid-19 y llevar a cabo la tarea de vigilancia epidemiológica sin una asignación extra de recursos humanos y tecnológicos, lo que, en último término, significa un incremento de presupuesto, un incremento del dinero destinado a la sanidad, pero no un aumento puntual, sino uno permanente, porque el problema de la covid-19 no es pasajero, ha venido para quedarse mientras no dispongamos de una vacuna efectiva o la población alcance la denominada inmunidad de grupo o grupal (“inmunidad de rebaño” es una infame traducción del término inglés “crowd immunity” que se está utilizando y que debería ser desterrada).
Además, el personal sanitario está exhausto física, mental y emocionalmente después de estos tres meses de vorágine de trabajo y de haber padecido contagios y cuarentenas por posibles contagios. La plantilla del sistema de salud está en situación límite y urge desestresar a los profesionales y para lograrlo, reanudar la actividad y continuar con la asistencia y vigilancia de la covid-19, no hay otra solución que incrementar la dotación de personal y tecnológica.
El gobierno central ha anunciado un plan de recuperación que prevé una transferencia neta no reembolsable a las comunidades autónomas de unos dieciséis mil millones de euros para todos los conceptos y ayer se comunicó que se disminuía el porcentaje de ese dinero para sanidad para incrementar el de educación. No parece que vaya a ser más que un parche del todo insuficiente.
Diversas opiniones de expertos economistas de la salud publicadas en medios de comunicación cifran en unos quince mil millones la cantidad necesaria solo para compensar los gastos extra en sanidad hasta ahora en España, por lo que está claro que la oferta del gobierno no basta y aun menos contempla el incremento permanente del presupuesto para sanidad que será necesario a partir de ahora.
El gobierno central, que se ha arrogado todo el poder de decisión y, por tanto, tiene toda la responsabilidad, debe aclarar con rapidez como piensa hacer frente a estas necesidades presupuestarias urgentes. La UE va a poner unos setecientos cincuenta mil millones de euros a disposición de los países miembros, en parte en transferencias directas y en parte en créditos blandos y el gobierno debería explicar si piensa recurrir a este mecanismo, en qué cuantía y cómo y para qué destinos lo repartiría entre las comunidades autónomas.
