Dos de los responsables de los restaurantes y locales señalados como pertenecientes a una red de explotación laboral siguen en prisión preventiva. Mientras, los 37 establecimientos siguen abiertos tras un precinto policial de unos días. Los empleados denuncian que ahora, bajo el control de los administradores judiciales, la situación es aún peor.
Empleados de los restaurantes administrados judicialmente en Palma, Marratxí y Can Pastilla han asegurado a mallorcadiario.com que la situación de la mayoría de los 37 establecimientos intervenidos no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado en muchos aspectos: “La calidad de los productos que ofrecemos es peor que laque había antes de la intervención, y la gestión y la rentabilidad de los restaurantes es actualmente nefasta”. Denuncian que “ahora sí que hay mal trato por parte de los representantes del administrador concursal. Hay acoso y derribo a algunos empleados”.
Añaden que el colectivo laboral de estos locales vive bajo un férreo control de sus movimientos (comunicado por escrito) y que viven y trabajan bajo la amenaza permanente de cierre si no se da la rentabilidad suficiente. Y no sólo señalan a la administración concursal: “Cuando se produjeron los registros, la policía maltrató a los trabajadores, les trató como a delincuentes, y no lo son”. Respecto al propietario de los restaurantes, Juan S., piden para él todas las sanciones económicas que le correspondan por su actuación pero consideran “desproporcionado” su ingreso en prisión.
