Como todos sabemos, la figura de la suspensión colectiva y temporal de los contratos -los llamados ERTE- fue rescatada en marzo de 2020 del fondo del cajón del Estatuto de los Trabajadores para que sirvieran de red para amortiguar la recesión económica que estaba claro que se produciría a raíz de la declaración de pandemia mundial a causa del COVID-19.
Trimestre tras trimestre se han tenido que prorrogar los efectos especiales que los sucesivos Reales decretos-Ley le quisieron dar a este modo de suspensión porque, claro está, muchas empresas no han podido reemprender su actividad a causa de las muchas restricciones decretadas.
Los ERTE, como forma de suspensión de la actividad laboral, suponen que todos los afectados deberán de recibir una prestación estatal, esto es, que será a cargo del estado sufragar su sostenimiento mientras dure la situación.
Hasta aquí todo bien.
La distorsión del sistema se produce cuando nos encontramos con empresas que hacen un uso abusivo de los ERTES, es decir, que pudiendo tener actividad y desafectar, en todo o en parte, a los trabajadores que están en situación de suspensión, siguen manteniendo a trabajadores en situación de desempleo y a cargo de todos.
Los ERTE son para que los trabajadores y trabajadoras que han tenido la mala fortuna de trabajar para empresas cuya actividad se ha visto paralizada o limitada a causa del COVID-19 puedan tener ingresos (con cargo al erario público), pero no para que las empresas que pueden tener actividad aumenten su margen de beneficio. Cuando se hace esto se está actuando en fraude de ley, porque usan una figura jurídica con un objetivo diferente del que fueron creadas.
En estos momentos está convocada una huelga indefinida en el servicio de carros-portaaequipajes del Aeropuerto de Palma. El motivo: que, mientras que el tráfico aéreo durante estas semanas ha sido de 50.000 pasajeros diarios, hay menos plantilla en activo que en épocas de menor afluencia. Los trabajadores que estaban en ERTE hace más o menos un año lo siguen estando a pesar de haber aumentado el número de vuelos. Actualmente, y con el número de vuelos que soporta el aeródromo insular, sólo hay dos operarios por turno para organizar y desinfectar todos los carros, y en la zona de llegadas no hay portaequipajes. Mientras, los usuarios del aeropuerto pagan sus tasas a tocateja para recibir todos los servicios como corresponde.
La ecuación es fácil: AENA cobra tasas, AENA mantiene la suspensión parcial del contrato de carros, AENA paga menos a la empresa prestataria por el servicio de carros. ¿Quién se queda el dinero?
Y lo peor ¿Quién lo pierde?
Lo pierden los trabajadores que, pudiendo cobrar el 100%, cobran una cantidad considerablemente inferior.
Lo pierden los usuarios del aeropuerto que pagan tasas por un servicio que no reciben.
Lo perdemos todos los ciudadanos, que sufragamos prestaciones que nos podríamos ahorrar a desempleados.
AENA gana. El Gobierno consiente. Perdemos los demás.
