Escribiendo Derecho con renglones torcidos

Dos recientes escritos de nuestros Tribunales acaban de revelarnos la irrefrenable tendencia de algunos jueces españoles a introducir argumentaciones políticas en delicadas resoluciones judiciales, con el fin de satisfacer anhelos ideológicos o hacer méritos frente al poder.

El primero de ellos es la ponencia elaborada por el Tribunal Constitucional sobre la amnistía a los líderes políticos que proclamaron unilateralmente la independencia de Catalunya. El borrador de Sentencia, redactado por varios Letrados puestos a dedo en el TC al servicio de su vicepresidenta, la Magistrada progresista ponente Inmaculada Montalbán, realiza una serie de apreciaciones que acarrearían un suspenso inmediato en los exámenes de Derecho Constitucional de primero de carrera.

Tras varias consideraciones puramente políticas como la “pacificación de la sociedad” o el “interés general”, la ponencia hace un traslado inaudito de la doctrina de la autonomía de la voluntad propia del Derecho privado (los particulares pueden hacer todo lo que no les está prohibido por la Ley) al ámbito del Derecho público (que rige la actuación de las Administraciones), sosteniendo que el Gobierno puede amnistiar a quien quiera porque la Constitución no lo prohíbe expresamente. Olvidando que, para que exista un verdadero Estado de Derecho, las instituciones públicas deben hacer solo lo que la Ley les permita.

Decenas de prestigiosos juristas, conocedores de que la amnistía quedó conscientemente excluida por sus redactores en los debates del texto constitucional -que prohíbe, expresamente, los “indultos generales” y, en Derecho, quien no puede hacer lo “menos” (indultar) nunca puede hacer lo “más” (amnistiar)- han puesto el grito en el cielo, criticando duramente la ponencia del TC (Enrique Gimbernat, Tajadura, Tomás Ramón Fernández, Delgado Barrio, Teresa Freixes). Pero a los esbirros de Conde-Pumpido cualquier transgresión a la recta doctrina jurídica se la trae al fresco con tal de dar gusto a Pedro Sánchez, que les exige esta humillación porque necesita los 7 votos de Junts para permanecer en La Moncloa, único y exclusivo fin de todas estas contorsiones que destrozan el prestigio de las instituciones y deterioran nuestro Estado de Derecho.

El segundo texto jurídico que merece comentario es el Auto 440/2025 de la Audiencia Provincial de Palma (Sección 2ª), de 2 de junio de 2025, que envía a juicio al presidente del Parlament balear Gabriel Le Senne por la supuesta comisión de un delito de odio del artículo 510.2.a) del Código Penal.

En un pleno del Parlament de junio de 2024, que debatía la Ley de Memoria Histórica, Le Senne, alegando la neutralidad que la Mesa debe mostrar en los debates de conformidad con el Reglamento de la Cámara, ordenó a dos miembros de la Mesa -las socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa- que retirasen las fotos de unas represaliadas del franquismo que habían adherido a sus ordenadores situados a la vista de todos en la propia Mesa del Parlament. Al no retirarlas voluntariamente las diputadas socialistas, se produjo una especie de forcejeo en el que el Presidente desprendió dichas fotografías, existiendo la duda (no se aprecia en la grabación) de si las rompió o simplemente se deshizo de ellas poco después.

La Fiscalía General del Estado dictó la Circular 7/2019, de 14 de mayo, introduciendo pautas para interpretar los delitos de odio, haciendo referencia especial a que la clave de estos delitos está en “la motivación del autor”. No basta con que cometa un acto violento o insultante, sino que debe demostrarse claramente que el autor actuó movido por un serio prejuicio hacia un grupo legalmente protegido, hacia el que trata de promover acciones discriminatorias.

Haciendo un análisis de los hechos alejado de las simpatías o enemistades que puedan suscitar el acusado o su partido Vox, resulta un hecho evidente que el desafortunado proceder de Le Senne (podía haber ordenado a los ujieres de la Cámara la retirada de las fotografías) no puede descontextualizarse del momento ni de la función que se encontraba ejerciendo: un acalorado debate parlamentario y el desempeño de labores de dirección del debate y mantenimiento de la neutralidad de la Mesa, exigencia reglamentaria que los políticos de izquierdas jamás entienden, como demuestra a diario Francina Armengol.

No obstante, la Magistrada ponente del Auto, Margalida Victòria Crespí, se aísla completamente del contexto, ignora la Circular interpretativa de la Fiscalía y omite que la propia Fiscalía -en lógica consecuencia- ha pedido el sobreseimiento del caso, mostrando fijación en varios párrafos del Auto por si al acusado “rompió en trozos las fotografías”. Apartándose del recto razonamiento jurídico, Su Señoría desprecia analizar si existe “motivación” centrándose solo en los hechos.

Y aquí vienen las grandes preguntas: ¿Qué comportamientos previos o posteriores de Le Senne dan a entender a la Magistrada que muestra motivos de odio suficientes para merecer una condena penal? ¿Hubiera dictado el mismo Auto si cualquier parlamentario de izquierdas o nacionalista hubiera troceado la foto de una bandera española, del Rey o de un líder político derechista? ¿Solo existen los delitos de odio para sancionar a un lado del espectro político?

Carl Schmitt, uno de los más afamados constitucionalistas de la Europa del siglo XX, puso su enorme talento al servicio de la justificación legal del nazismo. Hoy, juristas bastante menos dotados degradan las togas que visten como manifestación de servicio al Derecho para satisfacer prejuicios ideológicos, generar adhesiones mediáticas o colmar exigencias del poder. Si uno fue un profesor denostado, las otras son unas juezas pésimas. Y luego se quejan del colapso de la Justicia.