Corrían los años setenta cuando un comediante, conocido como Joe Rigoli, asaltaba los hogares españoles a través de TVE y alcanzaba la fama con su celebérrima frase “Yo sigo”, con la que concluía siempre sus actuaciones. El artista marplatense, cuyo nombre real era Jorge Alberto Ripoll, tuvo una vida aciaga, terminando su carrera en la más absoluta ruina. Podría ser un símil del ahora juzgado David Azagra, pero el que parece repetir idéntico epílogo en cada una de sus alocuciones es su hermano, el resiliente Pedro Sánchez Pérez Castejón.
La pasada semana, tras los resultados electorales en Andalucía y el inicio de las actuaciones judiciales contra el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero, envié mi crónica advirtiendo a la redacción de mallorcadiario.com que, probablemente y a tenor de la celeridad de los acontecimientos que se destapaban a diario, sería factible que mi reflexión ya hubiera caducado... y así fue. Esa misma mañana, la UCO de la Guardia Civil registraba la sede socialista de Ferraz por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y citaba como investigados a varios dirigentes del PSOE en una pieza separada del caso SEPI. Este asunto, devolvía a la actualidad la presunta financiación ilegal del partido, como ya fuera condenado por los casos Filesa, Malesa y Times Export, a finales del siglo pasado. Todos los hados se aliaron en contra del gobierno, coincidiendo con el octavo aniversario de su llegada al poder, tras la moción de censura a Mariano Rajoy que defendió, con gran vehemencia, el ahora preso, José Luís Ábalos.
Que esa coalición para cambiar al ejecutivo se amparó en la sentencia del caso Gürtel y que se esté celebrando el juicio contra la cúpula popular de Interior, por el caso Kitchen, no pareció un elemento disuasorio para el ministro de Transportes, Oscar Puente, que rápidamente salió a calificar de intento de golpe de Estado las actuaciones colegiadas de jueces, policías, medios de comunicación y la ultraderecha, “para derribar al gobierno con métodos antidemocráticos”. La ignominia, a la que nos acostumbra el vallisoletano, fue correspondida por algunos otros miembros del gabinete, pero se callaron y no dimitieron los ministros de Interior y Justicia, que hubiera sido obvio de ser cierto el dislate.
No ha sido el único desatino institucional en las últimas semanas, porque la Espada de Damocles que pende sobre la cabeza de la familia Rodríguez-Espinosa, se ha tratado de desacreditar desde todo el entorno socialista argumentando que ZP no sólo era fuente de inspiración progresista, sino el artífice de leyes como las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la de Memoria Histórica, del Matrimonio Homosexual, del Divorcio Express o la de Dependencia. Lo que se olvidaron citar es que también fue el que negó una crisis económica sin precedentes y el que aprobó la reducción del salario para los funcionarios, congeló las pensiones y eliminó el cheque bebé, así como que fue el autor de la Reforma Laboral de 2010 y de las Pensiones en 2011, viéndose obligado a cambiar el art. 135 de la Constitución para que fuera un requisito la estabilidad presupuestaria que no respetó nunca, dejando un déficit acumulado ingente, que superó el 11% del PIB en 2009, poniendo a España a las puertas de una intervención europea y provocando el movimiento del 15M, germen del único momento en que la ultraizquierda cooperó sin fisuras, Pero, ambas caras de la misma moneda no tienen valor alguno y son sólo una cortina de humo, cuando de lo que se trata es de la comisión de un presunto delito y no de juzgar sus errores o aciertos como arrendatario de la Moncloa.
Pedro Sánchez, el que siempre se opuso al desbloqueo a la parálisis institucional que prolongó 315 días el gobierno en funciones de Rajoy y acabó por liquidarlo políticamente 2 años después, es ahora quien ha decidido dejar de escuchar a su pueblo, a través del Parlamento y las encuestas (incluida la imaginativa del CIS, o cambiaría de estrategia) para seguir al frente de un ejecutivo colapsado, salvo en lo penal, gracias a la hipócrita complicidad de algunos socios y la avaricia de quienes quieren aprovecharse de su debilidad, en contra del interés general de los españoles. La degradación institucional que está provocando quien repite el “Yo sigo” a toda costa, con un podrido manual de resistencia bajo el brazo y sin el respaldo democrático exigible, será un lastre que deberemos llevar a cuestas durante generaciones, mientras nuestros representantes, que cobran del erario, siguen aireando teorías conspiranoicas en lugar de respetar el estado de Derecho, afrontando su responsabilidad y exigiendo que se cumpla la Ley sin contemplaciones.
