Nuestra preciosa y antaño coqueta capital insular se ha ido convirtiendo a lo largo de este siglo en una ciudad saturada e incómoda, quién se lo iba a decir a nuestros abuelos o a nuestros padres.
Palma tenía la extensión adecuada para, sin dejar de ser una urbe pujante y viva, mantener un carácter propio que, por desgracia, se ha ido perdiendo a una velocidad impensable.
Cuando me lo permitía el trabajo, me gustaba salir del despacho y deambular por el centro, algo que confieso que he dejado de hacer porque no reconozco ya esta ciudad, ni mucho menos el lugar en el que nací, Santa Catalina.
Pero si la gentrificación y el desvanecimiento de la identidad es la herida más profunda de Ciutat, no lo es menos la disparatada gestión de la movilidad que arrastramos en las últimas décadas. Palma ha tenido muy mala suerte con los distintos responsables de esta área. En anteriores legislaturas, el equipo de gobierno -es un decir- de José Hila colocó al mando a los más incapaces de entre sus listas, tarea harto difícil de concretar, se lo aseguro. Y de aquellos polvos, estos lodos.
Esta filfa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es un invento woke que no aporta absolutamente nada al bienestar de los ciudadanos, sino todo lo contrario, y que convierte nuestro casco antiguo en un mero decorado para solaz de cruceristas, para que puedan comprar productos chinos lowcost en las franquicias que nos invaden sin temor a ser atropellados por el vehículo de combustión interna de un aborígen. Ahora podrán hacerlo por uno eléctrico de un sueco, que es mucho más guay. Mientras los gigantescos cruceros les esperan en el puerto emitiendo a la atmósfera miles de toneladas de humos contaminantes, al vecino del centro le impiden recibir visitas de familiares o amigos si éstos tienen la desgracia de poseer un vehículo diésel anterior a 2014. Y, cuando todos pensábamos que el actual consistorio iba a terminar con este disparate, que castiga a quienes menos capacidad económica tienen para cambiar de vehículo y que restringe el sacrosanto derecho de cualquier a elegir el coche que le dé la gana, resulta que, como hay de por medio una ayuda europea millonaria que habría que reintegrar si se volviera al sentido común, pues los supuestamente liberales se han convertido, por arte de don dinero, en fervientes intervencionistas woke. Ver para creer. Una profunda decepción.
Pero las desgracias no llegan nunca solas, y así tenemos la incomprensible conversión de la vía rápida que en su momento se planificó entre el Moll Vell y el inicio de la autopista -tres carriles por sentido, con mediana entre ellos- convertida en un calle más, Av. Adolfo Suárez, con un descerebrado límite de velocidad de 50 kms/h -el mismo que las Avingudes- que, eso sí, está sirviendo para llenar las arcas de Cort a base de miles de multas al mes, porque, para arreglarlo, han colocado dos cajas registradoras -en forma de cámaras- bajo el falso y manido argumento de nuestra “seguridad”. A otro perro con ese hueso, no somos imbéciles.
¿Qué sentido tiene obligar a circular a esa velocidad en una vía diseñada para hacerlo, originalmente, a 120 y luego a unos quizás hoy más razonables 80 kms./h.? La respuesta es ninguno.
Si se trataba de mejorar la vida de los habitantes de Ciutat, desde luego, en este aspecto, Cort está fracasando estrepitosamente, y bien que lo siento. Y muchos de los fastidiados fueron en 2023 votantes de los populares. Así que conviene que tomen nota, no sea cosa que se encuentren con alguna sorpresa.
