Hay que exigir la libertad de expresión como derecho inalienable de nuestro ordenamiento jurídico y el cumplimiento de la legislación vigente de nuestro estado de derecho.
En el caso de la feministas encausadas , hay que defender su derecho a la libre expresión dentro de los cauces legales y el cumplimiento de la legislación vigente y en este caso del artículo 523 del código penal: “El que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a diez meses si se realiza en cualquier otro lugar”.
Para una buena convivencia cívica en la que se respete la libre expresión de cualquier persona y colectivo debe cumplirse y hacer cumplir la legislación que nos hemos otorgado en nuestra democracia.
Además hay que recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a ratificar recientemente y una vez más que no existe un derecho al aborto que dimane directamente de los tratados internacionales en materia de derechos humanos . Este pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo pone de manifiesto que una eventual nueva mayoría política en España, si lo desea, puede derogar el aborto volviendo a proteger la vida humana desde la concepción sin por ello oponerse a ninguna norma internacional en materia de derechos humanos.
Legalizar el aborto o prohibirlo es, en el esquema jurídico actual, una opción política de cada Estado y por eso en España podemos y debemos plantearnos y exigir que se derogue la legislación permisiva del aborto y sea sustituida por una normativa protectora del Derecho a la vida y los recién nacidos y del Derecho de la mujer a recibir todo el apoyo necesario para su maternidad.
La citada sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también permite ver la inmensa manipulación que desde determinados organismos de Naciones Unidas se esta realizando para coaccionar a gobiernos del tercer mundo, especialmente a los países latinoamericanos, para que introduzcan el aborto en su legislación. Al actuar así, Naciones Unidas no está sirviendo como debiera al sistema de Derechos Humanos sino poniéndose al servicio del lobby antinatalista de género que defiende derechos económicos inconfesables de los países y empresas del primer mundo, a través de un nuevo colonialismo que quiere exportar la peor ideología antihumanista del mundo occidental a aquellos países que se sienten comprometidos con la defensa de la familia, la dignidad de la mujer y la vida.
