El nutrido equipo de opinión sincronizada al servicio del Gobierno viene difundiendo un tendencioso mensaje desde que se conoció la condena penal al fiscal general del Estado. Mensaje que sugiere una confrontación entre dos supuestos bandos muy definidos en el complejo mundo de nuestra Justicia: los “buenos” fiscales progresistas y los “malos” jueces franquistas.
Todo ese vocerío coordinado actúa respaldado por unas manifestaciones simultáneas del jefe de la banda, el gran demócrata Pedro Sánchez, en las que reivindicó el poder absoluto de la “soberanía popular” frente a la actuación de ciertos jueces que aspiraban a ponerle “tutelas”. Un concepto de poder sin controles esencialmente dictatorial, que suscribiría cualquier tirano banderas de esas repúblicas bananeras tan del gusto de nuestros políticos de progreso.
Para el Gobierno y el oficialismo palmero son juristas “progresistas” los que anteponen su ideología de izquierdas al estricto cumplimiento de la legalidad. Que es, exactamente, lo que hizo García Ortiz, aplaudido por sus huestes de la UPF, o lo que acaban de hacer las dos magistradas “progresistas” que han suscrito conjuntamente un voto particular con etéreos argumentos, mucho más políticos –“Ortiz desmentía un bulo”- que jurídicos. Y son juristas “franquistas” todos aquellos -difícilmente controlables- que se dedican a aplicar la Ley vigente en nuestro Estado de Derecho, aun contrariando el “relato” oficial o los concretos intereses políticos o mediáticos del poder. Por esas paradojas de la vida, nuestros gobernantes llaman “fascistas” justo a quienes no se alinean en la aplicación de las Leyes, prietas las filas, a las órdenes políticas del Gobierno.
Recordaba en El Mundo el columnista Roberto Benito que la musa socialista de la Segunda República Margarita Nelken -polémica diputada del PSOE que ocultó en su casa a los asesinos del jefe de la oposición monárquica José Calvo Sotelo en la madrugada del 13 de julio de 1936, antesala violenta del estallido de la Guerra Civil- dijo que “para dictar Justicia de clase no hacen falta Magistrados reaccionarios. Basta con un panadero, que no importa que no sepa Leyes, con tal que sepa lo que es la revolución". Ese es el concepto de jueces “no franquistas” que quisieran imponernos Belarra, Iglesias, Rufián, Bolaños o Sánchez con sus manifestaciones y reformas legislativas. En la línea de lo hecho por Claudia Sheinbaum en el México posterior al populista López Obrador.
Repasando la trayectoria profesional de los magistrados que condenaron a García Ortiz encontramos a Andrés Martínez Arrieta, presidente del Tribunal, que empezó su carrera en Azkoitia en los años de plomo de ETA y se enfrentó a la mafia policial postfranquista en el caso Nani. O a Manuel Marchena, ex presidente de la propia Sala Segunda, que presidió el Tribunal que juzgó el Procés, a quien Sánchez ofreció en vano en julio de 2020 la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. O a Juan Ramón Berdugo, ponente de la sentencia de la Gürtel que condenó a varios miembros del Partido Popular, y que supuso la salida de Mariano Rajoy mediante la moción de censura que encumbró a Sánchez. O a Antonio del Moral, ponente de la sentencia del Supremo del caso Nóos, que envió definitivamente a la cárcel a Iñaki Urdangarín, marido de la Infanta Cristina. Todos ellos fueron jaleados en su día por las mismas hordas progresistas que hoy, con su voluble criterio, les tildan de hooligans franquistas incrustados en nuestra judicatura.
Tras la publicación de la muy trabajada sentencia -233 folios-, argumentada por los mejores especialistas en Derecho penal de España, han saltado al ruedo cabestros paniaguados que temen por la estabilidad de su sillón. Ese comando deslenguado, dirigido por actuales “panaderos” de la Nelken del tipo Óscar López o Sarah Santaolalla, grotescos analfabetos jurídicos que desconocen qué es una prueba indiciaria o un autor mediato, trata de enmendar la plana al Tribunal Supremo para “salvar al soldado Ryan”, el pardillo García Ortiz, al que Sánchez exige defender porque seguramente fue él quien le ordenó filtrar datos reservados.
Soportar a leguleyos de sofá descalificando campanudamente al Supremo es como aguantar a una afición goleada llamando “tuercebotas” a Messi. Afortunadamente, no faltan en España jueces capaces de condenar a un poderoso con una sentencia impecable. Pero sobran más tontos que botellines.
P.D.: Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, poco sospechoso de complicidad con la “derecha judicial”, ha publicado en X lo siguiente: “Leyendo la sentencia de García Ortiz, no dice nada que cualquier jurista en condiciones no pudiera prever que diría… pero claro, para eso hay que saber algo de Derecho…”.
