Fuego amigo

La culpa de los incendios que arrasan España es del cambio climático. Todo el mundo sabe que la derecha es negacionista del cambio climático, y por tanto es responsable última de los incendios. Además, en vez de gastarse el dinero en prevención se lo gasta en toreros.  Afortunadamente el presidente Sánchez ha encontrado la solución, que no pasa por mayor prevención, mayor cuidado de los montes, intervenciones más rápidas o una mayor coordinación entre administraciones. Se trata de un pacto de estado, en el que la derecha reconozca sus pecados ambientales y, a ser posible, se conforme con seguir siendo oposición y chivo expiatorio de las periódicas catástrofes que se abatan sobre España.

Pues este es más o menos el argumentario del Gobierno para combatir los incendios. Incluso lo de los toreros es literal, y los trolls y cuentas afines al PSOE se han dedicado a repicarlo con entusiasmo y sin temor a ridículo. Hay que decir que el calentamiento se manifiesta de formas insospechadas. Por ejemplo, en la de los 30 pirómanos que van detenidos hasta ahora; según los datos proporcionados por la propia cuenta del PSOE, más del 80% de los incendios son provocados, voluntariamente o por imprudencia. Tampoco se entiende muy bien que, si el culpable de los incendios es el calor, haya más en Galicia que en Andalucía. O que en Marruecos, ya puestos.

En todo caso es perfectamente razonable dudar de la sinceridad del Gobierno cuando habla de «emergencia climática» porque, si realmente creyera en ella, habría adoptado medidas para mitigarla. «El análisis de los incendios forestales (…) indica que estamos en una situación de emergencia. En este periodo, hemos vivido (…) una nueva ola de calor de proporciones inusuales y con temperaturas de suelo superiores a los 40 grados centígrados (…) La combinación de estas variables ha propiciado un gran número de incendios forestales devastadores». Esto, perfectamente aplicable hoy, es lo que dijo el Gobierno en los devastadores incendios de 2022. ¿Qué ha hecho desde entonces? Aprobar el Real Decreto-ley 15/2022, de medidas urgentes en materia de incendios forestales, en el que dice cosas interesantes como ésta: «Es necesario reforzar la defensa frente a los incendios en un contexto en el que el riesgo se ve incrementado como consecuencia de los impactos del cambio climático. La cooperación y la coordinación entre administraciones competentes, y el fortalecimiento de las medidas destinadas a prevención, vigilancia y extinción, son imprescindibles para fortalecer su eficacia».

Y también esto: «se garantizan con rango legal las actuaciones estatales de apoyo a los servicios de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de los que dispone el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la lucha contra incendios. De este modo, el Estado asume el compromiso de mantener activo, a lo largo de todo el año, el dispositivo de medios aéreos, las unidades de refuerzo helitransportadas, y los restantes medios de apoyo a las comunidades autónomas en el marco de la ejecución de los planes de prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales». ¿A qué viene entonces eso de que sean las CCAA las que pidan ayuda al Gobierno, repetición exacta de lo que ocurrió en la DANA de Valencia? Viene a que, desde la pandemia de COVID, Sánchez ha encontrado una utilidad al reparto competencial en España: eludir la responsabilidad del Gobierno y cargarla en las Comunidades Autónomas (siempre que voten a la derecha). Así ocurrió con el «mando único» de la pandemia (que, por cierto, incluía el control de las residencias) que, en cuanto se dio cuenta de su coste político, Sánchez convirtió en «cogobernanza».

Nadie niega el riesgo adicional que supone el calentamiento, pero no es admisible que el Gobierno lo enarbole como un talismán para ocultar su mala gestión. Porque ahora grita «negacionismo» con el mismo fervor religioso con el que desde hace tiempo chilla «machismo»: se trata, no de resolver un problema (en el caso del machismo bastante imaginario), sino de eludir su responsabilidad y canalizar el malestar ciudadano hacia el adversario político; la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, se ha dedicado a ello con especial entusiasmo. En resumen, «negacionismo» es el último anatema que el sanchismo ha encontrado para convertir en chivo expiatorio a la derecha y expulsarla del espacio político.

El resultado es que llevamos mucho tiempo en que la gestión ha sido sustituida por el cálculo electoral, y las catástrofes ni se previenen ni se mitigan. Y esto, aparte de la normalización de la ineficacia, tiene un serio coste adicional: muchos ciudadanos empiezan a tener la impresión de que el estado no funciona, lo que convierte el panorama político en un ecosistema fértil para los populismos. Mientras tanto, la comunidad continúa debilitándose, para alegría de los socios de Sánchez.

En fin, no es previsible que las cosas vayan a mejorar. En realidad la colonización partidista de las instituciones avanza a ritmo cada vez más acelerado, y Oscar Puente acaba nombrar consejero de Renfe al que le escribe los tuits; esto no garantiza la reducción de los problemas ferroviarios que se han multiplicado desde que Puente es ministro, pero asegura un incremento de respuestas insultantes en redes.