Las declaraciones de testigos e investigados en el juicio por la presunta compra ilícita de mascarillas a través de la empresa Soluciones de Gestión, con la implicación de diferentes cargos públicos, han vuelto a poner el foco en la presunta financiación irregular del Partido Socialista. Las afirmaciones de la empresaria Carmen Pano y del propio Victor de Aldama, coinciden sospechosamente con el desproporcionado e injustificado aumento de las donaciones reconocidas por el PSOE en 2020, cuadruplicando las del año precedente y posteriores. Este hecho se verá con detalle en la Audiencia Nacional, que sentenciará si los sobres con liquidaciones en efectivo y las aportaciones anónimas están sujetas a derecho o responden al “pitufeo”. El también llamado "menudeo" o ‘smurfing’ es una técnica utilizada para introducir dinero de procedencia opaca en la contabilidad de una organización, burlando los controles de las autoridades y los límites legales. En la práctica consiste en fraccionar una gran suma de dinero en cantidades pequeñas para que sean ingresadas por múltiples personas o a través de diversos métodos sin levantar sospechas.
Esta mecánica podría ser la fuente de aportaciones “extracontables” para al PSOE, estos años y en las primarias de 2017. Pero no sólo afecta a Ferraz, puesto que señaló también al PP, con la llamada “Operación Taula”, y en los casos “Adigsa” y “Convergència” por el 3% para CDC, que destapara sorpresivamente Pasqual Maragall en 2005.
La legislación española ha endurecido sustancialmente las sanciones contra estas dinámicas para proteger la confianza en el sistema democrático puesto que, al margen de los delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales, la Ley Orgánica 8/2007 prohíbe las donaciones anónimas y establece el límite de 50.000 euros anuales para las aportaciones privadas de personas físicas, prohibiendo de plano las de personas jurídicas, reforzando su objeto con la Ley Orgánica 3/2015 de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.
El Tribunal de Cuentas, que es el órgano encargado de auditar sus ingresos y gastos de forma independiente, emite condenas muy aisladas y con ninguna diligencia, por lo que sus informes son más una coartada de transparencia que un control eficiente de las arcas públicas, especialmente para los partidos y fundaciones. Estos se financian mayoritariamente a través de los ingresos públicos (Subvenciones Anuales de Funcionamiento, Subvenciones Electorales, Aportaciones a Grupos Parlamentarios y Financiación Indirecta), pero el porcentaje relativo sobre los ingresos privados varía mucho entre todos ellos: En 2020, el PSOE declaró que el 59% de sus ingresos eran públicos, mientras que fueron del 83% para el PP. Una notable diferencia que los socialistas reconocieron debido a que, entre otras causas, las aportaciones privadas recibidas sextuplicaron a las declaradas en el mismo periodo por los populares.
Si comparamos este modelo con el resto de la Unión Europea y otros países occidentales, España se sitúa en una posición intermedia que combina la financiación pública y privada. En países como Alemania o los Estados Unidos, el peso de la financiación privada (a través de grandes donantes y comités de acción política) es mucho mayor. En el sistema alemán, las donaciones de empresas y particulares son más libres, aunque fuertemente transparentes. Por otro lado, en democracias nórdicas como Suecia, existe una fuerte subvención pública pero también una gran discreción en la financiación privada, con una regulación más laxa. En el extremo opuesto se encuentran países como Francia, que prohíbe completamente las donaciones de personas jurídicas desde los años noventa y cuenta con límites muy estrictos tanto en los gastos de campaña como en las aportaciones privadas, un modelo que España ha intentado emular tras sus recientes reformas.
Así pues, el sistema de financiación de los partidos políticos en nuestro país es hoy mucho más riguroso que hace dos décadas. Sin embargo, los escándalos reiterados demuestran que las leyes, por sí solas, no son suficientes. Es necesario reforzar el papel de control del Tribunal de Cuentas y fomentar una auténtica cultura de transparencia en el interior de los propios partidos políticos para garantizar que la democracia no se vea vulnerada por intereses económicos ilegítimos.
Sea cual sea la sentencia que dicte la Sala Segunda del Tribunal Supremo o la que, en su fecha, determine la Audiencia Nacional y en posteriores juicios, es determinante que el sistema se refuerce para evitar más fraudes, bien sean los cometidos por quienes sólo bordean las leyes o por quienes están dispuestos a traicionar la confianza ciudadana, desviando recursos públicos para sostener el aparato de su partido. La democracia está enferma y la partitocracia puede convertirse en una dolencia grave que provoque desafección colectiva. Si los que deben ser modelo de conducta no respetan el marco jurídico, que ellos mismos han promovido, más vale que todos pongan las cartas boca arriba y así, al menos, los contribuyentes podremos saber de dónde vienen los virus que alteran la obligada imparcialidad y quiénes no son inmunes, para dejarles afuera de las instituciones y evitar más pandemias.
