El Gobierno central ha aprobado el nuevo proceso extraordinario de regularización de extranjeros mediante la reforma del Reglamento de Extranjería, con el objetivo de dar cobertura legal a personas migrantes que ya residen en España.
La norma, publicada este miércoles en el BOE, establece como requisito básico haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia mínima de cinco meses en el momento de la solicitud.
ABIERTO EL PLAZO
El procedimiento se iniciará a partir de este jueves 16 de abril y podrá tramitarse tanto por vía telemática como presencial, previa cita, en las oficinas habilitadas. Los solicitantes deberán aportar documentación acreditativa de identidad —como pasaporte o documento equivalente— y pruebas de su estancia en España, que pueden incluir empadronamientos, contratos o cualquier documento válido en derecho.
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es el tratamiento de los antecedentes penales. Aunque la regla general exige carecer de antecedentes en España y en los países de residencia anteriores, la normativa introduce matices significativos.
Se permitirá regularizar situaciones en las que los antecedentes sean cancelables, siempre que se inicie su cancelación antes de la resolución. Además, si el solicitante no logra obtener el certificado de su país de origen, la Administración podrá recabarlo por vía diplomática, suspendiendo el procedimiento hasta tres meses.
Asimismo, la Administración realizará comprobaciones de oficio mediante informes policiales y bases de datos europeas para determinar si el solicitante supone un riesgo para el orden público. Este elemento refuerza el control del proceso y limita los supuestos en los que se concederá la autorización. Pero el Gobierno ha indicado que tener antecedentes no implicará la denegación automática en todos los casos, ya que se evaluará si el solicitante representa una amenaza para la seguridad y se comprobará mediante informe policial.
PERMISO DE TRABAJO
Una vez admitida la solicitud, el interesado quedará autorizado provisionalmente a residir y trabajar en España hasta la resolución del expediente. Si se concede, la autorización tendrá una vigencia inicial de un año y permitirá trabajar en cualquier sector, debiendo tramitar posteriormente la tarjeta de identidad de extranjero.
El proceso de regularización se ha llevado a cabo a través de una modificación del reglamento de extranjería, lo que evita aprobar una ley que dudosamente contaría con el apoyo parlamentario requerido. Este proceso ha sido criticado duramente por algunas formaciones de la oposición.
OPOSICIÓN DEL GOVERN
El Govern balear, al igual que otras comunidades gobernadas por el PP, anunciaron que interpondrán recursos judiciales para paralizar la medida.
“El coste práctico de esta regularización recae única y exclusivamente sobre las comunidades autónomas, por lo que consideramos que la podemos recurrir”, ha explicado la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha asegurado que se recurrirá ante el Tribunal Supremo y se solicitará su suspensión cautelar.
Prohens se ha mostrado muy crítica con el proceso que hoy se inicia, al considerar que supondrá un empeoramiento de los servicios públicos y una mayor presión sobre la vivienda. La presidenta del PP de Balears opina que la regularización es “indiscriminada” e “ignora el crecimiento poblacional, la emergencia habitacional y la presión asistencial de los servicios sanitarios”.
“El resultado serán peores servicios públicos para los ciudadanos de Baleares, porque esta regularización no viene con el compromiso de más financiación”, ha manifestado.
Prohens también ha insistido, aunque es una cuestión que han rechazado las entidades sociales, en que la regularización supondrá un "efecto llamada" y beneficiará "a las mafias que hacen negocio con algo que es innegociable, la dignidad de cualquier vida humana".
Además, ha lamentado que el Gobierno haya "ignorado las advertencias de la Comisión Europea", que señaló que los migrantes regularizados de forma extraordinaria "solo serían legales en España", o el resto de países europeos del entorno.
"El Govern, en la misma línea que todos los países europeos de diferente signo político, defiende una inmigración legal y ordenada. Baleares siempre ha sido una tierra de acogida de quien viene a trabajar, a sumar, a integrarse y a respetar las leyes y la cultura", ha subrayado.
La presidenta autonómica también ha lamentado que el Ejecutivo no haya contemplado las recomendaciones que hizo el Consejo de Estado, aunque el texto definitivo sí que recoge varias de ellas.
La principal es que ya no bastará una declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales, una cuestión sobre la que ha ironizado Prohens.
"Si esperan que de las gracias por limitar que no entren delincuentes en este proceso de regularización... Me parece lo mínimo que se pida un certificado de penales más allá de la declaración responsable", ha apuntado la líder regional, quien ha criticado que la izquierda le llamara "racista y fascista" por "no querer dejar entrar a delincuentes sin preguntarles si son delincuentes".
"No todo el mundo que llega es un delincuente, no me encontrarán en ese discurso, pero no todo el mundo que viene es un ser de luz", ha incidido.
OFICINAS DE CORREOS
Correos ha formado a unos 1.000 trabajadores para atender presencialmente a los inmigrantes solicitantes de regularización en sus 371 oficinas a partir del próximo lunes 20 de abril. Se trata de oficinas en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes. Para ello los interesados deberán solicitar cita previa de forma telemática desde la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o al teléfono 060.
En Baleares se han habilitado las cinco oficinas de Correos de Palma y una de Calvià, una de Mahón (Menorca) y una en Ibiza.
