La vicepresidenta 2ª y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha anunciado la decisión del Govern este viernes durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo autonómico presidido por Marga Prohens (PP).
Se trata de la segunda acción jurídica del Govern contra medidas estatales relacionadas con la migración infantil. En marzo de este año, Baleares, junto con otras comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE), presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de Extranjería.
Recordemos que este lunes el Govern remitió una carta al Ejecutivo de Pedro Sánchez solicitando la paralización del traslado de los menores a Baleares, dado que los consells insulars ya atienden a 682 menores, cuando las plazas autorizadas son 72.
El recurso actual, según fuentes del Govern, impugna directamente el real decreto que regula las medidas de contingencia migratoria extraordinaria destinadas a proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.
El Ejecutivo autonómico argumenta que la normativa "vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidades autónomas y no garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el reparto de menores".
Además, el Govern advierte de que esta regulación podría afectar gravemente a la autonomía financiera de Baleares, poniendo en riesgo el sistema de protección de menores y dificultando la gestión de los recursos destinados a este fin. "La distribución obligatoria de menores sin criterios claros ni garantía de equidad, compromete nuestra capacidad para garantizar su bienestar", explican desde el Ejecutivo.
El Govern insiste en que la autonomía de las comunidades y la planificación financiera local deben respetarse, incluso en situaciones de emergencia humanitaria.
