La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado numerosos contactos entre la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, y el empresario José Ruz, a quien el Tribunal Supremo investiga por el pago de supuestas comisiones ilegales.
La información, publicada este lunes por el digital El Debate, proviene del análisis de los dispositivos móviles incautados a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos y presunto intermediario entre Ruz y varios altos cargos del PSOE.
En ellos figuran mensajes, llamadas y comunicaciones que, según los investigadores, evidencian una relación fluida entre Armengol y el empresario José Ruz.
Cabe recordar que Koldo García se refería a Armengol en términos de gran familiaridad, utilizando expresiones como “cariño”.
CONTRATOS DEL GOVERN BALEAR
Según publica El Debate, Ruz, propietario de la constructora Levantina Ingeniería y Construcción habría recibido al menos tres contratos públicos del Govern balear durante el mandato de Armengol por un valor total de 10,7 millones de euros. El más destacado es la adjudicación de las obras de la residencia de mayores de Son Dureta, en Palma, por 10,4 millones.
A este contrato se suman tres más para rehabilitar puentes en la isla: uno entre Palma e Inca por 108.354 euros, y dos en Sineu, uno por 97.243 euros y otro por 94.383 euros.
La UCO sospecha que estos contratos podrían haberse adjudicado de forma fraudulenta a cambio de mordidas. Esta sospecha se refuerza por el hecho de que Ruz admitió ante el Tribunal Supremo haber pagado 2.600 euros mensuales a Koldo García por supuestos servicios de “vigilancia” en Benidorm y haberle proporcionado un teléfono encriptado, denominado en sus conversaciones como “café”.
Los contactos entre Armengol y Ruz han sido recopilados en un informe que se está elaborando por la UCO y que será remitido al Tribunal Supremo, dada la condición de aforada de la expresidenta balear. Si los indicios se consideran sólidos, no se descarta la petición de un suplicatorio al Congreso para investigarla formalmente o, al menos, citarla como testigo.
DESMENTIDO DEL PSIB
A raíz de esta informacion publicada por "El Debate", el PSIB ha afirmado que "la presidenta no conoce al señor Ruz, no ha hablado jamás con él, no se ha comunicado con él por ningún medio, ni ha participado en evento alguno con este señor". En su desmentido, el PSIB señala que " en el llamado caso Koldo no se está investigando a nadie del PSIB-PSOE ni del anterior Govern de les Illes Balears. De hecho, en un auto muy claro, el juez de la Audiencia Nacional, refiriéndose a los cargos del IB Salut y el Govern balear durante la legislatura 2019-2024, explicitó que 'no se dispone de un mínimo soporte probatorio que permita justificar la imputación de estas personas como autores o partícipes en los hechos objetos de investigación'". "Tanto es así -manifiesta el partido- que el juez ni siquiera ha citado a nadie del PSIB-PSOE ni siquiera como testigo".
Respecto a los contratos del Govern del Pacte con empresas investigadas, en su comunicado el PSIB defiende "la absoluta legalidad de todas las contrataciones, efectuadas escrupulosamente con los controles y procedimientos que exige la ley". En la etapa de Govern del Pacte de la pasada legislatura (2019-2023), el PSIB reconoce que con las empresas Acciona y Levantina se ejecutaron contratos en la empresa SFM (gestionada por el PSIB) y en Asuntos Sociales (gestionada por Més). "La contratación más cuantiosa fue la de la residencia de Son Dureta, una obra que ni siquiera licitó un área de gobierno socialista", afirma. "La licitación y adjudicación -señala- correspondió a una empresa pública de la Consellería de Asuntos Sociales (dirigida por Més per Mallorca) y valorada en 8,28 millones de euros. Y es completamente limpia. De hecho, Levantina , una de las empresas investigadas, ni siquiera gana el concurso y sólo coge la obra posteriormente porque la ganadora (Tecopsa) del concurso acaba renunciando".
En cuanto a las contrataciones con Levantina realizadas por SFM, "se trata de tres licitaciones de importe más reducido (107.271 euros, 93.439 euros, 96.270 euros), adjudicadas por concurso y con todos los controles legales", afirma el texto remitido por el PSIB. "Es ridículo, por tanto, vincular esto a una trama, como hace el PP, que sabe lo que hace: en el propio portal de contratación, que es público, queda claro que estas empresas, ahora investigadas, se presentaron a, al menos, otros 14 contratos de obra licitados por el Govern de Pacte (por un valor total de 135,4 millones de euros), y en todos ellos quedaron fuera", señala.
3 respuestas
coge el Manual de Resistencia de tu Sanchidad, por lo que te pagan mensualmente vale la pena. qué personal hemos enviado a Madrid.
es una buena noticia que el sanchismo desaparezca y vuelva el PSOE de la transición
Ya veréis que elementa.