La Delegación en Baleares de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha denunciado la "absoluta inacción de la Administración para tratar de poner solución al grave problema de acceso a la vivienda que sufre la población residente en general, y aún más los funcionarios que vienen destinados a Baleares, quienes no encuentran alojamiento digno a un precio razonable al que puedan hacer frente con sus retribuciones".
Según la AUGC, "la situación es más grave para los agentes que cubren vacantes con carácter forzoso, porque se ven obligados a incorporarse a su destino tras un ascenso, o tras realizar un curso de especialidad, sin querer venir aquí destinados y sin haberlo solicitado, por lo que se ven empujados a un calvario".
"Como ya sucedió el año pasado, ante la imposibilidad de encontrar una vivienda asequible donde alojarse, nuevamente hay agentes que optan por usar su vehículo particular como vivienda improvisada. Esta dramática e indigna situación pone en peligro la salud mental de los funcionarios de la Guardia Civil, lo que implica que un número indeterminado de ellos puedan terminar afectados por una situación involuntaria e indeseada que les impida desempeñar su trabajo, lo que conllevaría, además, una merma de efectivos que podría comprometer la seguridad ciudadana en Baleares, especialmente en aquellas islas y municipios donde la carestía de la vivienda de alquiler es mayor".
Cada año vienen destinados con carácter forzoso un número variable de agentes, pero este año la gran mayoría de incorporaciones serán forzosas, ya que el archipiélago se ha convertido en algo así como un "destino de castigo", al cual casi nadie quiere venir voluntariamente y los que llegan forzosos, "se marcharán a la mínima oportunidad".
En las últimas semanas, la Delegación de AUGC Baleares ha recibido llamadas de más de 40 agentes angustiados al no poder afrontar los disparatados precios de la vivienda de alquiler o de la oferta hotelera, a quienes la situación aboca a situación de estrés y ansiedad incompatibles con el normal desempeño de las funciones encomendadas a la Guardia Civil.
Sigue con las quejas la AUGC: "Y esto sólo es la punta del iceberg, pues la situación será crítica en verano, cuando lleguen los agentes de prácticas tras salir de las academias, para continuar su periodo de formación. Los precios, ya de por sí inasumibles, entrada la temporada estival serán prohibitivos. Además, la gran mayoría de agentes que vienen forzosos, tienen familias a su cargo, de las que en algunos casos debe separarse y costear dos viviendas, con el brutal perjuicio económico que eso conlleva, del todo inasumible para la inmensa mayoría de agentes, que se ven sin el apoyo de su familia y sin casa".
En febrero de 2022 esta Asociación Profesional ya reclamó la modificación de la Ley de Personal de la Guardia Civil para que Baleares sea declarada destino de carácter preferente y que deje de ser un destino de paso. A día de hoy esta reforma se encuentra en vía muerta en la Dirección General de la Guardia Civil, por "falta de voluntad política". "Ya estamos en 2023 y por parte de las autoridades estatales y autonómicas no se ha puesto ninguna solución a esta problemática que supone un riesgo para la seguridad ciudadana".
La AUGC concluye: "Seguimos sin declarar Baleares como territorio de especial singularidad, no se aumenta el complemento de insularidad, no se proporciona vivienda a los funcionarios y se aboca a este colectivo profesional al colapso".
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