Los vecinos, restauradores y comerciantes de Talamanca están hartos. Cada vez que el emisario submarino se rompe, ya sea por los temporales ya sea por las anclas de las embarcaciones que sobre él fondean pese al balizamiento que lo prohíbe, quienes pagan las consecuencias son ellos. Una vez que se iza la bandera roja en la playa de Talamanca, las pérdidas económicas se multiplican. En realidad no se trata de pérdidas, sino de que dejan de ganar, lo que no ingresan en comparación con un día de actividad normal. Los juristas lo denominan lucro cesante.
La demanda civil que se prepara contra las instituciones se remontará, como ayer anticipó ibizadiario.info, a cinco años atrás y el montante total podría ascender a 5 millones de euros. Sin embargo, la vía judicial no es sencilla ni rápida, por más razón que les asista. Tampoco es barata, de ahí que los perjudicados insistan en la vía del diálogo y que insten al Govern a que les compense por los perjuicios causados –y que continuarán el verano que viene, pues no habrá un nuevo emisario como mínimo hasta 2017– sin necesidad de tener que afrontar un proceso judicial largo y costoso.
Lo peor de todo es que el nivel de hartazgo es tal que ya nadie cree que por las buenas se pueda solucionar nada. Eso explica la denuncia presentada a mediados de octubre ante la Fiscalía por la Asociación de Vecinos de Talamanca, que pese a no acusar de ningún delito, va dirigida contra la conselleria de Medio Ambiente del Govern de les Illes Balears, el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Vila. Hace muchos años que se oyen promesas, pero todo sigue igual y lo que es aún peor, la temporada próxima el problema persistirá.
