Los sindicatos del personal sanitario y las organizaciones profesionales llevan ya tiempo alertando del aumento alarmante de las agresiones que sufren en sus lugares de trabajo, durante el desempeño de su labor sanitaria. Médicos, enfermeros, celadores, conductores de ambulancias y personal administrativo se enfrentan en ocasiones a situaciones violentas originadas por personas que en un momento determinado, recurren a la violencia física o verbal contra ellos. Si toda violencia es un comportamiento proscrito y castigado por el ordenamiento jurídico en toda sociedad democrática, resulta especialmente deleznable cuando las víctimas son trabajadores públicos en el ejercicio de sus funciones. Y si además, están encargados de velar por la salud y la integridad física de los ciudadanos desde la sanidad pública, aún merece mayor reproche tanto social como penal. Toda persona que agrede a un profesional de la sanidad pública debe recibir un contundente castigo acorde con la gravedad del mal causado y debiera considerarse un agravante que la víctima sea funcionario público del ámbito sanitario, como lo es en el caso de un agente de la autoridad.
A pesar de que en los últimos tiempos se han establecido protocolos para que los trabajadores puedan protegerse en la medida de lo posible y reaccionar ante una agresión, es preciso mejorar todo lo que se pueda las condiciones de seguridad del personal sanitario. Las campañas de concienciación dirigidos a los usuarios, inculcando a los usuarios la necesidad de comportarse con la corrección debida en los centros médicos y con el personal sanitario podrían ayudar a que todo el mundo comprenda que perdiendo las formas, lejos de recibir una mejor atención o de ver satisfechas determinadas expectativas, se empeorará la situación. Lamentablemente hay que recurrir a explicar lo que el sentido común y el elemental civismo debieran mostrar por sí mismos.
La condena a todo acto de violencia, intimidación o coacción hacia el personal médico y sanitario que trabaja en la sanidad pública y también privada, es una exigencia ética a la que todo el mundo debe sumarse.
