La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación contra una empresa dedicada al alquiler ilegal de embarcaciones en Cala d'Or. La intervención, anunciada este miércoles, ha revelado múltiples infracciones graves, incluyendo el uso de barcos no registrados, falta de seguros y ausencia de autorizaciones necesarias.
La operación se enmarca en la campaña de control de actividades náuticas impulsada por la Benemérita. La patrulla de Fiscal y Fronteras de Porto Cristo inició la investigación la pasada semana tras recibir información sobre posibles irregularidades en el alquiler de embarcaciones.
Las pesquisas condujeron a la localización de una empresa que operaba en el sector del chárter de embarcaciones sin respetar la normativa vigente. La empresa en cuestión alquilaba diversas embarcaciones sin haberlas inscrito en la lista obligatoria para uso lucrativo. Esta omisión constituye una violación directa de las regulaciones marítimas, exponiendo a los usuarios a riesgos considerables.
Además, la operación descubrió una serie de infracciones adicionales. Se levantaron actas por varias violaciones de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, destacando la falta de seguro de responsabilidad civil y la ausencia de declaración responsable de la actividad. Asimismo, la empresa no contaba con la autorización requerida para el alquiler de las embarcaciones, incumpliendo así las normativas esenciales para garantizar la seguridad y legalidad de estas operaciones.
Las irregularidades no se limitaron al ámbito marítimo. La investigación también detectó incumplimientos de la Ley General Tributaria y el Real Decreto sobre la orden social de trabajo. Además, se constató la instalación no autorizada de un pantalán flotante de diez metros de longitud, violando la Ley de Costas.
El Instituto Armado subrayó la gravedad de estas infracciones, que no solo representan un incumplimiento legal, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los usuarios de los servicios náuticos.
Las sanciones derivadas de estas infracciones pueden ser severas, con multas significativas y la posible inhabilitación de la empresa para operar en el futuro.
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