Penalva y Subirán, a por Carrau y Florit

La historia más surrealista de la Justicia balear y, probablemente, una de las más escandalosas del país, llega a la fase definitiva: el juicio. El caso pivota en torno al chat Sancus. Aquellos mensajes que tumbaron cinco años de instrucción de Caso ORA, IME y Cursach y que ahora pueden acabar con el proceso. De momento, hay.

Los dos principales acusados -el exmagistrado Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán- han llegado a los juzgados de Sa Gerreria a los 8.31 horas, media hora del inicio oficial del juicio.

Ya en la sala, ambos se han sentadado en primera fila junto a otro de los procesados, el inspector jefe José Luis García Reguera. En segunda línea, el resto: los subinspectores Blanca Ruiz y Miguel Ángel Blanco y al policía Iván Bandera acusados de obstrucción a la justicia, revelación de secretos y detenciones ilegales, además de prevaricación en el caso de los agentes.

Ha abierto el turno de las cuestiones previas el abogado de Penalva y Subirán, Javier Barinaga, que intenta derribar el proceso basándose en la premisa de que los mensajes de whatsapp que cimentan las acusaciones no se lograron de manera legal.

LOS WHATSAPPS DEL CHAT SANCUS: EL INICIO... ¿Y EL FINAL?

Dichos mensajes -del chat Sancus- se extrajeron del móvil del policía Iván Bandera -hoy en el banquillo- tras ser detenido en diciembre de 2018. Las defensas señalan que se le arrestó siguiendo el rastro de las llamadas de los periodistas, conocido como el 'Caso Móviles. Como dicho caso cayó, las defensas entienden que esa detención también lo fue, así como la entrega del terminal que segun el abogado, se produjo bajo amenazas.

"No es una entrega ni es voluntaria", ha reiterado el letrado, como más tarde repetiría el representante del agente, destacando la "intimidación ambiental" cuando Bandera entregó su teléfono, una vez detenido, y en un clima que no podría considerarse de "libre el consentimiento".

Por otro lado, Barinaga ahonda en que, además, el resto de participantes del chat Sancus no dieron permiso para acceder a esas conversaciones privadas. "Un chat no es un soliloquio", ha señalado. "En un chat participan más personas que, en este caso, no fueron consultados para autorizar la lectura de su contenido. Ha brillado por su ausencia".

Asimismo, rechaza la teoría de los "hallazgos casuales" porque dice que no hubo juez que habilitase este extremo.

CARRAU, EXCOMPAÑERO DE SUBIRÁN, EN EL PUNTO DE MIRA

Pero más allá del qué, está el quién. Barinaga ha puesto el foco sobre una persona en concreto: el fiscal Juan Carrau, que está citado como testigo y a quien ha llegado a apuntar como cerebro de la causa.

"No queremos señalar a un fiscal en concreto, no hay animadversión en esta parte contra ninguna otra. Pero ententemos que hay interconexión de las causas", ha incidido en relación al excompañero de Subirán. "No se explica que ahora venga como testigo, cuando es el mismo que intervino en las causas que ahora se nos imputan como deficitarias".

Es más, Barinaga se pregunta por qué no se ha imputado a Carrau. "La respuesta es sencilla: porque él mismo se ha autoexcluido de la misma y la dirige desde atrás, compinchándose con los policías".

Por todo ello, sostiene que sus superiores deberían dar explicaciones sobre la manera de dirigir la investigación del señor Carrau. "Que vengan sus jefes y nos expliquen qué ha pasado aquí. Igual lo que nos dice alguno es que es una barbaridad lo que ha hecho el señor Carrau. Yo estoy convencido de ello, además", ha argumentado.

Otra personalidad relevante que ha mencionado es el actual Jefe Superior de Policia, José Luis Santafé, a quien ha descrito como "instigador" de la reunión primigenia con "el señor Miguel Ángel Blanco" para orientar la investigación. "¿Qué fiabilidad tiene para esta defensa y para sus señorías?"

PEDRO HORRACH, ABOGADO DEFENSOR

Subirán en el banquillo, Carrau de testigo y el tercero de aquel dream team de Anticorrupción, Pedro Horrach, como representante Miguel Ángel Blanco, uno de los policías de Blanqueo acusados.

Horrach, como todos, reclama la nulidad todo el proceso por el uso de medios de prueba nulos para acceder a nuevas fuentes de prueba. Insiste en que si la investigación a los periodistas del Diario de Mallorca y Europa Press fue declarada ilegal, la incautación de los móviles a los policías también lo es. Está todo viciado de inicio.

"El juez Florit debía abstenerse necesariamente de la investigación", ha justificado.

MÁS PETICIONES DE NULIDAD

Por su parte, el abogado Álvaro Martín, que representa al entonces inspector del Grupo de Blanqueo José Luis García Reguera, se ha sumado a la petición de nulidad de todo el procedimiento argumentando lo mismo: existe una sentencia que declara nulos los rastreos de llamadas y las incautaciones a los dos periodistas del caso Móviles.

"Fueron esos rastreos a los teléfonos de los periodistas los que llevaron a determinar que, en este caso, Reguera fue uno de los posibles responsables de estas filtraciones. Por tanto, se llegó a la conclusión de su detención tras valorar unas diligencias que fueron decretadas nulas".

En el caso de la subinspectora Blanca Ruiz, su representante Ignacio Fuster Fabra, ha señalado que el teléfono de su defendida fue incautado un 2 de abril de 2019 en Madrid pero no fue precintado hasta llegar a Palma, ocho horas y quince minutos después. "En ese periodio de tiempo pudieron hacer con él lo que sea".

Por último, la defensa de Iván Bandera ha argumentado que antes del rastreo y acceso al listado de llamadas de los teléfonos de los periodistas del caso Móviles, prueba declarada nula con posterioridad, "el número de sospechosos era inabarcable" y "resulta evidente que no puede desprenderse que los investigadores tenían sospecha sobre Bandera" en cuanto a las presuntas filtraciones.

FISCALÍA NIEGA QUE CARRAU INVESTIGASE EL CASO

El último en hablar en esta primera jornada ha sido el fiscal Tomás Herranz, que ha negado que el fiscal Juan Carrau estuviera adscrito a las investigaciones junto a Miguel Ángel Subirán. "Entiendo que las defensas deben hacer su trabajo pero esa afirmación es incierta", precisando que sí que ha intervenido, "pero no tenía asignada la causa".

Asimismo, ha puntualizado que Carrau "no es superior jerárquico" de Subirán y ha tildado de "lamentable" que esta afirmación la sostenga una representación de un acusado que ha formado parte del Ministerio Fiscal.

En cuanto a las filtraciones a la prensa, Herranz ha aportado un informe en el que aparece un análisis de las distintas revelaciones por el que la Policía concluye que "ni siquiera son filtraciones o no son imputables" porque se han producido una vez no había secreto en la investigación y eran datos conocidos por todas las partes.

CALENDARIO

El juicio ha comenzado hoy con las cuestiones previas y se retomará este miércoles con la intervención de las acusaciones. Más tarde, el día 22 proseguirá con la declaración de los acusados, en caso de que el Tribunal deniegue la petición de las defensas de declarar nulo el proceso.

Cabe recordar que los acusados habían solicitado hablar después de los testigos. No será así, el TSJIB se lo denegó.

Así pues, a la declaración de los acusados le seguirá la versión de los testigos propuestas por las acusaciones, entre ellos, el juez Miquel Florit, el ya mencionado fiscal Juan Carrau -excompañero de grupo anticorrupción de Subirán- y el también citado este lunes, el Jefe Superior de Policía, José Luis Santafé.

En principio, esta fase debería quedar finiquitado en el mes de julio y ya en septiembre -como tarde el día 22- dar por finalizado el juicio.

CINCO AÑOS DE INSTRUCCIÓN TORTICERA

A lo largo de estas jornadas, la Justicia deberá decidir si la investigación que llevaron a cabo los acusados entre los años 2013 y 2018, con el juzgado de Instrucción número 12 de Palma como epicentro del escándalo, se ajustó a derecho.

Todos los indicios y pruebas apuntan a lo contrario: arrestos y calabozos como método de presión, ausencia de mecanismos de defensión de los detenidos, difusión de los acontecimientos en ciertos medios de comunicación para teledirigir a la opinión pública... En definitiva, una instrucción judicial y policial presuntamente viciada en el fondo y en las formas.

La Fiscalía describe en los 31 folios de su escrito de acusación el calvario por el que pasaron los investigados del Caso Cursach, Caso ORA, Caso IME y Caso Madame.

El modus operandi siempre era el mismo: primero definir una meta y después trazar el camino arrasando todo a su paso con un machaque constante a portadas y tertulias. Por ejemplo, «Dos policías simularon una ejecución a un empresario», «Acusan al exjefe de la policía local de Calvià de cobrar de empresarios nocturnos», «Navarro iba de vacaciones con empresarios que tenía que controlar» o «Un policía cobraba para evitar el cierre de locales o conseguir licencias» aparecían en Diario de Mallorca con el secreto de sumario decretado. ¿Quién filtraba? «Y el lunes pásale algo a XXX[JFM, periodista de "Diario de Mallorca"] porque si no lo tiene mascado no saca nada», escribía Penalva en el chat de whatsapp. Tres minutos después el fiscal escribía en el canal de mensajería «XXX, luego le llamo desde una cabina» y, media hora después, añadía: «Ya he localizado a XXX». No sólo no impedían la revelación de las actuaciones sumariales sino que estarían detrás de su difusión.

En cuanto a las detenciones ilegales, un buen ejemplo habría sido las de los familiares -padres ancianos y hermano- del expolítico del PP Álvaro Gijón. Según los fiscales, la única intención de Penalva, Subirán y los policías habría sido presionar y ablandar al entonces dirigente del PP mediante la imputación de delitos "inexplicablementee" y la estancia de su hermano en los calabozos sin motivo alguno que lo justificara. "sólo por expreso deseo del juez y fiscal".

Por no hablar de la manipulación constante de los testigos y pruebas para encajar las piezas a su conveniencia. Ahí está la famosa agenda de La Madame, que recogía las supuestas orgías de Gijón y José María Rodríguez a cargo de Cursach para beneficiar a sus empresas. Todo acabó en nada -con La Madame reconociendo haber mentido y acusando al juez Penalva y al fiscal Subirán de haberla manipulado- pero el daño ya estaba hecho.

576 AÑOS DE CÁRCEL

A la espera de conocer la decisión del Tribunal sobre si sigue adelante el juicio o no, Fiscalía mantiene la petición de cárcel para los seis acusados que asciende a 576 años de reclusión para todos ellos, 118 para Penalva y 121 para Subirán.

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