La exconsellera insular de Cooperación Local (UM), Catalina Julve, ha asegurado este jueves, durante su declaración como imputada en la Audiencia Provincial de Palma por el caso Cloaca, que la contratación de un segundo lote de sillas de plástico para ayuntamientos de Mallorca fue una decisión de su predecesor y que la firmó porque era una "necesidad" de los consistorios.
Julve, para quien el Ministerio Fiscal pide un total de siete años de prisión, ha señalado que cuando sustituyó en el cargo a Miquel Riera, después de que este falleciera, se encontró que había un concurso para entregar un segundo lote de "2.100 sillas a 21 ayuntamientos", cosa que consideró una "necesidad" porque algunos municipios "no tenían ni tienen presupuesto" para comprarlas.
Respecto a que finalmente sólo hubiera un licitador para este concurso, que resultó ser el empresario Simón Galmés, ha dicho que ella se desvinculó de esta "pequeña" operación desde que la autorizó con su firma en marzo para empezar las tramitaciones y que no volvió a saber de ella hasta agosto cuando se resolvió y recayó en Galmés, para quien la Fiscalía también pide siete años de cárcel.
Sobre Galmés, que además prestaba servicios en la unidad de control y vigilancia de las empresas adjudicatarias de recogida selectiva de residuos, Julve ha precisado que él "no me necesitaba para trabajar, ni me rendía cuentas" ya que tenía un contrato mercantil con las empresas de recogida de residuos aunque, ha precisado, tenía que ser controlado por un funcionario del Consell de Mallorca.
"Para mí es imposible que la contratación de Galmés para esta unidad de vigilancia supusiera un coste adicional porque la facturación era la misma antes de Galmés y con él", ha dicho a este respecto.
Por su parte, el empresario César García Rullán, para quien la Fiscalía pide cuatro años, ha afirmado que no reconoce las firmas que presuntamente eran suyas en el contrato entre Almacenes Rullán con el Consell Insular de Mallorca.
Sobre la firma y el número de DNI escrito en el documento relativo a las sillas de resina blanca, García Rullán ha precisado que sí es su DNI pero que no lo ha escrito él y está "burdamente hecho, no es mi letra".
Respecto a la contratación de estas sillas, ha dicho que sólo conocía que había una oferta "pero nada más" y ha asegurado que no conocía a Catalina Julve ni a Miquel Riera ni a Coloma Castanyer. Asimismo, ha matizado que no percibió ningún tipo de "vinculación" con UM.
Asimismo, el empresario Miquel Rullán, para quien la Fiscalía también pide cuatro años, ha confirmado que fue afiliado de UM y que perteneció al Consejo Económico y Social, un órgano consultivo, según ha querido precisar, y ha aseverado que no cree que la contratación tuviera que ver con que él perteneciente a este grupo político.
En relación al contrato de compra de las sillas y a otros documentos, Miquel Rullán ha dicho en todos los casos que no es su firma y que "se parece a la de César". Sobre esto, ha aseverado que él no imitó ni pidió a nadie que imitara "la firma de César".
Miquel Rullán ha justificado, además, que su grupo presentase tres empresas para el contrato relacionado con las sillas porque el "político que manda necesita empresas de confianza".
Sobre su declaración en sede policial, ha asegurado que fue "presionado desde que entró hasta que salió". "Me empujaron, me empujaron, me empujaron, una barbaridad", ha lamentado.
Así, ha enfatizado que "cualquier persona, un político o la administración necesita empresas de confianza" y que por eso presentaron tres empresas. "Lo hacemos siempre que podemos, no me llama la atención, se tienen las empresas para tener más oportunidades", ha añadido.
