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La Conselleria de Medio Ambiente debe aplicar la ley a todos por igual

sábado 05 de enero de 2019, 00:00h

La Conselleria de Medio Ambiente del Govern ha tomado la drástica decisión de prohibir la pesca recreativa desde las rocas en la reserva marítima de El Toro, en el municipio de poniente de Calvià. La veda se aplicará seis meses entre el 1 de abril y el 30 de septiembre los próximos tres años, hasta 2021. Es la consecuencia de lo que sucede cuando residentes y turistas no somos capaces de conciliar el ocio con el respeto al entorno. Es una medida que debería hacernos reflexionar en la forma en la que nos relacionamos con el mundo que nos rodea, limitado y frágil, más, si cabe, en nuestras Islas.

La Conselleria justifica la veda por “la necesidad de limitar la pesca recreativa desde tierra debido a la masificación de esta práctica, las dificultades para controlarla, la degradación ambiental que provoca y el riesgo que conlleva para el buceo recreativo”. Y no se trata de una demonización de los pescadores ni de una decisión arbitraria. Han sido los propios pescadores los que han dado la voz de alarma. Bernardí Alba, presidente de la Asociación Mallorquina Pesca Recreativa Responsable, ha lamentado tal extremo y ha puntualizado que “es necesario que se sepa el motivo por el que se ha llegado a punto; tanto sobre las rocas de la costa como las que están sumergidas hay una cantidad increíble de basura, hilos de pesca, plomos, cajas de cebos, latas de bebidas, colillas, etc. que han ido dejando allí unos desaprensivos e irresponsables pescadores recreativos”.

Como suele suceder, el incivismo de unos pocos estigmatiza al todo, causa graves daños y conlleva consecuencias que acaban afectando a los que cumplen las normas. Y si bien la decisión de Medio Ambiente resulta apropiada, ello no puede ocultar que la misma contundencia en la que se actúa con el incivismo de los ciudadanos brilla por su ausencia cuando es la administración pública la que incumple sus obligaciones. Dos casos demuestran la inexplicable inacción de la Conselleria.

La Asociación de Navegantes Mediterráneo (ADN) ha presentado informes que certifican que sólo en la bahía de Palma los vertidos de aguas fecales y sin depurar afectan a 6 millones de metros cuadrados de posidonia. Se cifran en 104 los emisarios de Baleares. Por su parte, el GOB ha identificado 17 depuradoras que sólo cuentan con tratamiento secundario y que 7 de estas vierten aguas que afectan a las praderas de posidonia. Los ayuntamientos y el Govern llevan años incumpliendo la normativa europea sobre tratamiento de aguas que data de 1991.

Otro ejemplo de permisividad aún más inexplicable es la del Ayuntamiento de Palma y de la propia Conselleria de Medio Ambiente ante un posible delito continuado. Tal y como publicó mallorcadiario.com una empresa de Palma vierte en la calle y en contenedores de Emaya hasta 30 toneladas al mes de residuos de la construcción. Los informes de la agencia de detectives Cabanach y de técnicos municipales documentan los vertidos desde 2015. No consta actuación alguna al respecto.

Cabe exigir al Govern y al resto de instituciones vigilancia y acción contundente en la protección del medio ambiente. Aplicar la norma sólo a unos desvirtúa la ley y en nada anima a concienciar sobre el valor de preservar nuestro entorno.




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