La Delegación del Gobierno en Balears ha logrado identificar al supuesto responsable del ataque protagonizado por Arran contra un restaurante del Moll Vell de Palma y le ha abierto un expediente sancionador como supuesto autor de una infracción grave por el uso de bengalas sin autorización, conducta que puede acarrear 900 euros de multa; y otra infracción leve por llevar a cabo un acto en lugar público sin haberlo notificado previamente, que se castigaría con 300 euros. Así pues, el acto le puede costar a Arran 1.200 euros, que se quedarían en 600 si se paga antes de 15 días hábiles sin formular alegaciones.
Si la avisada contundencia contra los responsables de Arran que cometieron aquel acto, es de 600 euros de multa, parece que la delegada del Gobierno tiene un sentido de la contundencia que no es coincidente con lo que el común de las personas piensa al respecto. Y aunque es cierto que no hay daños personales ni materiales que lamentar, no es menos cierto que aquel acto buscaba una repercusión mediática que ha logrado con creces, tanto en medios nacionales como internacionales. Si algo así se solventa desde el punto de vista legal con 600 euros, casi se está animando a que ellos mismos o cualquier otro lo repitan. Se esperaba mucha más contundencia y menos tolerancia con quienes juegan, parafraseando a la señora Maria Salom, delegada del Gobierno, con las cosas de comer.
