La Fiscalía Anticorrupción se ha amparado en una sentencia del Tribunal Supremo para no acusar a la expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament, Maria Antònia Munar, así como a Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer y Bartomeu Vicens, de un delito de malversación de caudales públicos por el ‘caso Can Domenge’. En concreto, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau citan en su extenso escrito de acusación, al que ha tenido acceso mallorcadiario.com, la sentencia de 21 de julio de 2005 de la que fue ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo Gómez de la Serna, sobre la segregación por parte del ex alcalde de Gaztelu (Guipuzcoa), Juan José Otegi, y los ex concejales, Antonio Zavala y Joxe Gabirondo, de una parcela del caserío Osingoien, de propiedad municipal, por un valor inferior al real. La Fiscalía explica en dicho documento, que consta de treinta y cinco folios y sobre el que se han escrito ríos de tinta pero al que nadie había tenido acceso formal hasta ahora, que "no se aprecia la comisión del delito de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 y 2 del Código Penal por cuanto el objeto material de dicho delito no puede ser un inmueble tal como ha señalado el Tribunal Supremo”. Así, Anticorrupción acusa a los cuatro ex dirigentes de UM de fraude a la administración (por el que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación. En total, seis años de prisión. La no inclusión en su escrito de acusación del delito de malversación ha generado una gran polémica sobre todo teniendo en cuenta que en el que los fiscales presentaron para pedir el pase a procedimiento abreviado, sí apuntaban a que todos ellos pudieron haber incurrir en dicho delito, y que el Consell de Mallorca, que actúa como acusación particular en este caso, sí les acusa de malversación en el suyo. De hecho, la Institución Insular solicita 9 años de prisión para cada uno de los cuatro ex dirigentes uemitas frente a los seis que reclama la Fiscalía. La diferencia proviene precisamente del delito de malversación, que supone un ahorro en la petición de condena de entre tres y ocho años para cada uno de los acusados. FIANZAS Por otro lado, la decisión de los fiscales de no incluir el delito de malversación da la razón a los abogados defensores de uno de los principales imputados, Bartomeu Vicens, quien se encuentra en prisión por el ‘caso Son Oms’, que alegan que no se puede imputar este delito al tratarse de un bien inmueble. En su voluminoso escrito de acusación, la Fiscalía reclama, además de penas de cárcel, una fianza de responsabilidad civil de 32.000 euros cada uno a Munar, Nadal, Flaquer y Vicens así como a Ramón Sanahuja, principal accionista de Sacresa, mientras que para el abogado contratado por esta empresa, Santiago Fiol, solicita una caución de 182.000 euros. De forma paralela, la acusación pública piden la nulidad del expediente de enajenación de los terrenos, su adjudicación y la compraventa escriturada, así como la reversión de la finca al Consell de Mallorca y que éste sea indemnizado de las cargas, gravámenes y perjuicios que puedan haberse producido.
