Hartos de sufrir en sus carnes las consecuencias de la improvisación y la escasez y obsolescencia de medios, los funcionarios de justicia se concentraron ayer frente a los juzgados de Palma para protestar por la carga de trabajo extra que les está suponiendo la puesta en marcha de la llamada ‘justicia digital’.
Ya cuando se estaba gestando el procedimiento informático, muchos profesionales del derecho intuimos –y el tiempo nos ha dado la razón- que el menor de los problemas sería la adaptación del numeroso colectivo de los operadores jurídicos –abogados y procuradores, fundamentalmente-, y que el futuro del sistema dependería, sobre todo, de la suficiencia e idoneidad de los medios con que el Ministerio estuviera dispuesto a dotar a los juzgados y tribunales.
Por nuestra parte, hemos asumido que la firma manual ha sido reemplazada por la digital, que todas las notificaciones se reciben mediante una plataforma virtual –lexnet-, lo cual nos obliga a mantenernos constantemente vigilantes del ordenador. Los bufetes han tenido que formar a su personal en la gestión cibernética de los asuntos. Algunos, además, han tenido que hacer inversiones en equipos como escáneres de documentos y demás.
Pero, curiosamente, donde está fallando estrepitosamente el sistema no es en los despachos de cada uno de los 150.000 abogados y 9.000 procuradores existentes en España, sino en la propia Administración de Justicia. Mientras el médico nos prohíbe fumar, él sigue consumiendo puros habanos y echándonos el humo a la cara.
La situación es absurda y obliga permanentemente a ingeniar soluciones imaginativas, improvisadas muchas veces en conversación directa con los funcionarios, con lo que la pérdida de productividad de su trabajo es evidente. Sin ir más lejos, les diré que la transmisión de documentos profesional-juzgado y viceversa está limitada a 10 Mb, lo que excluye el poder adjuntar fotografías o cualquier documentación en la que el color sea relevante. No digamos ya la remisión de archivos de vídeo, cada vez más comunes en todas las jurisdicciones. En definitiva, un desastre.
Gallardón, autor intelectual de la chapuza, pretendía hacernos creer que ésta sería la Justicia del futuro, cuando para su implementación el Ministerio ha dotado al sistema con medios y parámetros del siglo XX.
La conciencia general de la necesidad de reducir el uso del papel es indudable, por razones de eficiencia, ecológicas y económicas, pero el apaño del Ministerio de Justicia, utilizando como conejillos de indias a abogados, procuradores y funcionarios, resulta imperdonable.
