El programa ‘Lloguer segur’ nació con el objetivo de animar a pequeños propietarios de Baleares de que sacar su vivienda al mercado del alquiler no tiene por qué convertirse en una ruina económica ni en una pesadilla judicial. El Govern entendió correctamente que existe un importante volumen de pisos vacíos cuyos dueños temen, por encima de todo, dejar de cobrar la renta o encontrarse con enormes dificultades para recuperar su inmueble en caso de impago. Y es ahí donde la administración autonómica quiso actuar ofreciendo garantías de cobro y cobertura frente a posibles incidencias o desperfectos.
La iniciativa, por tanto, merece ser valorada positivamente. El problema es que la realidad ha resultado mucho menos exitosa de lo esperado. Apenas 82 viviendas incorporadas al programa en toda Baleares evidencian que algo no está funcionando. Y asumirlo no debería interpretarse como un fracaso político, sino como una obligación de análisis y rectificación.
En este sentido, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, que dirige José Luis Mateo, ha demostrado capacidad de reacción al modificar las condiciones del programa y ampliar su alcance. La posibilidad de adelantar hasta 50.000 euros para financiar obras de rehabilitación o incorporar viviendas turísticas y otros inmuebles hasta ahora excluidos revela flexibilidad y cintura política. Persistir en un modelo que no daba los resultados esperados habría sido un error mucho mayor.
La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern ha demostrado capacidad de reacción al modificar las condiciones del programa y ampliar su alcance
Ahora bien, las modificaciones no deben ocultar el debate de fondo. Si ni siquiera con garantías públicas de cobro muchos propietarios se animan a alquilar, quizá el problema no sea exclusivamente económico. Existe una evidente desconfianza hacia el marco jurídico y hacia la capacidad real de las administraciones para proteger al arrendador frente a impagos, ocupaciones o largos procesos judiciales.
Baleares necesita aumentar urgentemente la oferta de vivienda en alquiler. Es la única forma realista de contener unos precios absolutamente disparados. Mientras la oferta siga siendo insuficiente, los precios continuarán tensionados. Y por eso cualquier iniciativa encaminada a movilizar viviendas vacías debe ser ambiciosa, ágil y, sobre todo, eficaz.
