El borrador de ley que regulará el alquiler turístico en nuestra comunidad evidencia todos los males de la obsesión reglamentista propia de la izquierda, que curiosamente comparte con la derecha estatista más rancia. El franquismo era el paraíso de las reglamentaciones y ordenanzas. Menuda herencia se adjudican.
Como siempre, la norma parte de la desconfianza en el mercado y en su capacidad para distribuir la riqueza. Curiosamente, además, se produce una alineación cósmica entre los intereses del sector hotelero y los de la facción rojiverde del Govern, que provoca que se busque cercenar el crecimiento de una actividad que hasta la fecha ha servido para paliar en gran medida los efectos de la crisis en Balears, no solo en términos macroeconómicos, sino también con relación a un mejor reparto de los beneficios derivados del incremento de turistas que hemos experimentado.
Naturalmente, todos los alojamientos, desde un gran complejo hotelero al pequeño apartamento de un particular, deben someterse a las mismas reglas tributarias, no deben existir zonas de impunidad y hay que cumplir con unos mínimos estándares de calidad. Pero, definitivamente, cuando la izquierda regula lo único que hace es limitar y prohibir. No ordenan la oferta, sino que ponen toda clase de medios para obstaculizarla, burocratizando hasta el hastío la iniciativa emprendedora.
Lo chusco del tema es que, por más puertas al campo que pretendan poner, a la postre, la necesidad de rentabilizar el patrimonio y la imposibilidad material de la administración para controlar e inspeccionar toda la oferta hará que, con prohibiciones o sin prohibiciones, exista una oferta no ordenada que atienda a miles de turistas cada año. Entonces, ¿para qué habrá servido la norma?
