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La okupación no es un invento de la derecha y hay que erradicarla

martes 06 de diciembre de 2022, 05:00h

En Baleares se produce una okupación de vivienda al día. Son datos del Ministerio del Interior que, en su balance de los siete primeros meses del año, recoge 228 casos en las islas, tanto de allanamientos como de usurpaciones de vivienda.

Si hablamos de números y nos centramos en compararlos con los de otros delitos, está claro que la okupación no representa un gran problema ya que 228 casos en una comunidad con más de un millón de habitantes no es proporcionalmente alto.

Pero aquí la cuestión no son tanto las cifras como la lacra en sí y sus consecuencias: por un lado, propietarios indefensos (y arruinados) ante desconocidos que atentan contra su inmueble, y por otra, una sociedad atónita que observa con frustración cómo los gobiernos siguen dando patadas para adelante a una injusticia insoportable. El mensaje es terrible.

Algunos responsables políticos, como los de Podemos, niegan la mayor y afirman que la okupación es un problema "inventado por la derecha". Desde el PSOE, como hemos escuchado este lunes de boca del conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, se trata, sobre todo, de que la gente "viva sin miedo" porque al final "este discurso" -refiriéndose al PP- "obedece a intereses muy concretos y no a una problemática real que pueda tener la ciudadanía".

El conseller, de nuevo, vuelve a acusar al PP de "generar alarmismo" y opina que la solución a "este complejo problema" pasa por "reforzar el estado del bienestar y todo el escudo social para que la gente pueda cubrir sus necesidades". Un mensaje muy bonito pero totalmente hueco de soluciones, que es lo único que necesitan los propietarios: soluciones, no palabras.

En una comunidad como la nuestra, en la que el problema de la vivienda es acuciante, no resulta razonable que sean los particulares quienes den una respuesta a costa de sus propiedades. No hay que olvidar que uno de los sostenes del estado de bienestar es, precisamente, la propiedad privada y es deber de los gobiernos defenderla hasta sus últimas consecuencias, si no quieren que los ciudadanos sospechen que están más del lado de los okupas que de los contribuyentes.

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