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A todas las víctimas de Penalva y Subirán

jueves 08 de diciembre de 2022, 05:00h

Suele ocurrir que lo que mal empieza, mal acaba, y en el caso de Penalva y Subirán no iba a ser menos. Desde luego, de cómo empezó la instrucción a cómo ha acabado el caso dista un abismo.

Lo hemos visto con una absolución prácticamente total de los acusados -tan sólo dos policías locales están a la espera de sentencia por un delito de coacciones, nada que ver con el macrojuicio por una red descomunal de corrupción que se había planteado en un primer momento- y la petición de Fiscalíade que se les investigue por detenciones ilegales, prevaricación o coacciones, delitos gravísimos teniendo en cuenta su condición de juez y fiscal. De un presunto criminal nos podemos esperar cualquier barbaridad: de dos representantes de la Justicia no.

El asunto se les complica aún más cuando a Anticorrupción se suman las defensas de los hasta ahora procesados solicitando una eternidad de años de cárcel para ambos y los exagentes de Blanqueo. En total, Cursach, Sbert y Lladó piden para ellos casi 200 años de prisión y 338 años de inhabilitación, además de multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones. Ahí es nada.

Y por si fuera poco, ahora son dos inculpados en el (archivado) 'caso ORA' -el empresario Antoni Roig y el funcionario Miquel Femenía- quienes piden otra ristra de años de cárcel para los instructores -166 años, ni más ni menos- al entender que actuaron de manera delictiva, pisoteando todos sus derechos y levantando una causa con métodos absolutamente perversos. No hay que olvidar que ambos llegaron a entrar en prisión por un caso que se edificó en base a un testigo protegido -cómo no, un testigo protegido- y que finalmente fue sobreseído.

El objetivo, está claro, era Álvaro Gijón y para lograr su caída había que apretar. A cualquier precio. (Gijón, por cierto, que también pide para ellos otros 115 años de cárcel por idénticos motivos. Suma y sigue).

El problema es que en un estado de derecho ese apretar a cualquier precio no vale porque ni es constitucional ni es ético. En nuestra democracia hay unos cauces legales para investigar a cualquiera que sea sospechoso de un delito pero jamás empleando la prisión provisional, la detención o la imputación para meter miedo a otros y que confiesen lo que el juez y el fiscal quieren oir. Eso no es Justicia: eso es una cacería.

Sin duda, pintan bastos para Penalva, Subirán y los antiguos miembros de Blanqueo, a quienes les espera una cascada de nuevas denuncias. El partido -el de verdad- empieza ahora.

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