Duro varapalo el propinado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) al anterior equipo de gobierno municipal de Palma que lideró entre 2011 y 2015 el hoy diputado y entonces alcalde Mateo Isern. El Partido Popular defendió a capa y espada y en solitario la conocida como ordenanza cívica, que regulaba aspectos como la prostitución callejera, el botellón, las actuaciones de artistas y músicos en la vía pública, los trileros o la venta ambulante, entre otros.
Cort hizo oídos sordos y he aquí el resultado
Con una durísima oposición vecinal y del resto de grupos de la oposición que hicieron del asunto ‘casus belli’, con movilizaciones de protesta incluidas, Cort hizo oídos sordos y he aquí el resultado. Una ordenanza anulada por los tribunales y 18.000 expedientes sancionadores tramitados que con toda probabilidad deberán ser revisados y muchos de ellos anulados. El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Palma no se ha pronunciado aún al respecto, pero harían bien en ofrecer alguna explicación porque finalmente se ha comprobado, según el TSJB, que regularon en materias que no eran de su competencia y ya se sabe que quien mucho abarca, poco aprieta.
