La presidenta Marga Prohens afronta la recta final hasta las elecciones previstas en mayo del próximo año recurriendo al pragmatismo: negociar ley a ley y decreto a decreto con todas las fuerzas políticas si Vox no se muestra favorable a pactar.
Un Govern en minoría
La caída del techo de gasto a finales de 2025, con el voto en contra de Vox, estableció el escenario actual. El Ejecutivo de Marga Prohens se vio abocado a prorrogar las cuentas de 2025 tras evidenciarse la ruptura con el socio que facilitó la investidura.
Desde entonces, el Govern ha interiorizado que no habrá nuevos presupuestos salvo sorpresa extraordinaria. La prórroga deja margen de gestión, pero limita la capacidad de maniobra y condiciona cualquier iniciativa de gasto. Aun así, Prohens ha descartado adelantar elecciones y ha optado por sostener la legislatura bajo el argumento de la estabilidad, pese al bloqueo parlamentario.
En términos políticos, la decisión supone asumir el desgaste, pero la alternativa —forzar elecciones anticipadas— no conlleva por sí sola que la situación pueda ser mejor.
Vox: el socio imprevisible
El elemento más determinante del nuevo periodo de sesiones es la relación con Vox. La formación liderada en Baleares por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne y cuya portavoz en la cámara autonómica es Manuela Cañadas, ha pasado de socio necesario a adversario táctico.
La ruptura es explícita. Vox votó contra el techo de gasto, dio por terminadas las relaciones con el Govern y ha endurecido progresivamente el tono político.
En abril el Parlament convalidó el decreto anticrisis por el encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra en Oriente Medio, con el voto a favor del PSIB y la abstención de Més y Unidas Podemos. Vox intentó condicionar su apoyo al decreto introduciendo exigencias de carácter político e ideológico que el Govern rechazó, optando por buscar el respaldo del PSIB. La realidad es que más allá del contenido concreto del decreto, Vox buscaba marcar perfil, reclamando compromisos políticos adicionales y un alineamiento más claro del Govern con sus postulados.
Igualmente, durante la tramitación parlamentaria de la ley de proyectos estratégicos, también conocida como le ómnibus, PP y PSIB coincidieron en la Mesa para sacar adelante determinadas enmiendas, algunas de las cuales fueron rechazadas por Vox. Desde esta formación se denunció la "pinza" entre PP y PSOE.
Polémica lingüística
Esa escalada se visualiza ahora también en la agenda parlamentaria. Este martes, en la sesión de control, la formación de ultraderecha exigirá explicaciones a Prohens sobre el cumplimiento de uno de los compromisos clave del acuerdo que permitió aprobar los últimos presupuestos: la extensión del plan piloto de libre elección de lengua en los centros educativos de todas las comarcas.
Cañadas interpelará a la presidenta en el pleno para conocer “el grado de cumplimiento” de ese compromiso, firmado con el PP, que establecía que al menos un centro por comarca debía adherirse al programa antes de final de legislatura. Vox sostiene que, con los procesos de matriculación ya en marcha, “no se refleja en la realidad de los centros educativos” y advierte: “El Partido Popular firmó un compromiso con Vox y con las familias de Baleares”.
Vox eleva el tono político al presentar esta cuestión no como un elemento programático más, sino como una “garantía de un derecho”, denunciando que “miles de familias de las islas no disponen de esa opción” y acusando implícitamente al Govern de incumplimiento. La formación insiste además en que no renunciará a estos avances, que considera una vía para “abrir una brecha muy importante al catalanismo imperante” en el sistema educativo .
Más allá del contenido concreto, el movimiento responde a la estrategia de marcar perfil propio en el tramo final de la legislatura. Cañadas ha intensificado un discurso que busca equiparar al PP con el PSOE y presentándose como única oposición “real” al sistema.
Sin embargo, esta beligerancia en el Parlament contrasta con el comportamiento institucional de Vox en el Consell de Mallorca, donde gobierna en coalición con el PP y mantiene una actitud más pragmática. Lo mismo sucede en los ayuntamientos donde PP y Vox gobiernan en coalición, como Calvià, Marratxí, Alcúdia y Llucmajor.
Geometría variable
Ante este escenario, el Govern ha optado por una “geometría variable” que le obliga a negociar cada iniciativa. Sin un acuerdo estable con Vox, cada ley, decreto o medida se convierte en una negociación autónoma.
El propio Ejecutivo asume que dependerá indistintamente de Vox o de la izquierda según el contenido. En la práctica, esto implica cesiones puntuales y una agenda legislativa más fragmentada. La legislatura entra así en una fase de baja intensidad normativa y alta tensión política.
