El nombre de Manuela Cañadas se ha convertido en sinónimo de bronca parlamentaria. Empresaria vinculada al sector inmobiliario en Palma —cofundadora de la agencia MCM Properties—, llegó a la política institucional de la mano de Vox tras haber militado en el PSOE y haberse alineado en su día con Aina Calvo en el entorno del socialismo palmesano. Después impulsó la plataforma Mos Movem, de defensa de la lengua castellana ante lo que consideraba "una dictadura lingüística". Hoy, sin embargo, su principal aliado en el Parlament es precisamente su antigua casa: el PSIB-PSOE.
La pinza que han escenificado esta semana socialistas y Vox tumbando el techo de gasto para 2026, obligará al Govern de Marga Prohens a prorrogar los presupuestos de 2025. Para el PP, esa alianza “partidista” dictada desde Madrid deja sin 360 millones adicionales a la ciudadanía balear.
De socia incómoda a martillo contra el PP
Cañadas fue nombrada portavoz parlamentaria en abril de 2024, tras la dimisión en bloque de la dirección del grupo: Idoia Ribas dejó la portavocía, Sergio Rodríguez el cargo de adjunto y Agustín Buades la presidencia del consejo de dirección.
Desde entonces, Cañadas ha escalado en agresividad contra el Govern del PP, hasta el punto de ser señalada por el propio Ejecutivo como el principal obstáculo para recomponer puentes con Vox. En las últimas semanas ha tachado al Govern de “mentiroso”, “prepotente”, “soberbio” y de “gestión negligente”. Aún antes calificó al PP balear de partido independentista catalanista.
Su tono ha incomodado no solo al PP, sino a dirigentes de su propio partido que temen por la estabilidad de los pactos en el Consell de Mallorca y distintos ayuntamientos.
Cañadas votó junto al PSOE bloquear partidas por más de 700 millones de euros en el caso de prórroga presupuestaria, lo que hubiese atado de pies y manos al Govern. Además, trató de doblegar al Govern aprovechando un error de votación, lo que a la postre obligó al PP a pactar con la izquierda para corregir aquel error, a cambio de salvar la Ley de Memoria Democrática.
Ahora, Cañadas vuelve a hacer pinza con sus antiguos compañeros tumbando un techo de gasto que era condición previa para negociar los nuevos presupuestos.
Sangría de diputados
En público, Cañadas ha defendido que “el partido está fenomenal”, con “buena salud” y unas “relaciones estupendas” con la dirección nacional. La realidad numérica en el Parlament desmiente esa idílica realidad. Vox arrancó la legislatura con ocho diputados y hoy solo conserva cinco.
La primera grieta llegó en octubre de 2023, cuando Xisco Cardona dejó el grupo y el partido por discrepancias con el bloqueo de Vox a los presupuestos del PP. Pasó a ser diputado no adscrito y denunció que su “dignidad personal” estaba por encima de todo.
En enero de 2024 estalló la segunda bomba: cinco de los siete diputados de Vox —entre los que se contaba Cañadas— acordaron expulsar del grupo parlamentario al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y a la entonces presidenta de Vox en Baleares, la diputada ibicenca Patricia de las Heras. La dirección nacional respondió expulsando a esos cinco, aunque la sanción quedó en suspenso tras un arreglo de cara a la galería. Pero el grupo quedó herido de muerte.
En agosto de 2024 se produjo otra fuga: Agustín Buades abandonó el grupo y pasó al grupo de no adscritos por su desacuerdo con la ruptura del pacto con el PP, que consideraba “no justificada” y contraria a la “coherencia” con los votantes.
La puntilla llegó en julio de 2025. Idoia Ribas, que había sido la primera portavoz de Vox en la legislatura, anunció que dejaba el grupo por el “hostigamiento” y el “mobbing” internos, y se pasó a los no adscritos. Con su marcha, Vox se quedó en cinco diputados, tres menos de los que obtuvo en las urnas.
Conflicto permanente
Idoia Ribas no se ha mordido la lengua al señalar responsabilidades. Acusó a Vox de ser un partido “antidemocrático” y a Abascal de líder “tóxico”, y denunció una “campaña de difamación pública” en su contra, dirigida precisamente por Manuela Cañadas.
Buades y Maite de Medrano, el único cargo público de Vox en Menorca que fue expulsada el pasado 29 de mayo, fueron más lejos, describiendo la cúpula de Vox como una “estafa piramidal con estructura de secta” y denunciando maltrato a los cargos electos.
Mientras Vox pierde representación a chorros y se fractura internamente, su portavoz parlamentaria presume de unidad, disciplina y fortaleza. Los hechos apuntan a lo contrario: una formación que ha ido encogiendo en el hemiciclo al ritmo que se multiplicaban las guerras intestinas, los ceses de asesores y las deserciones hacia el grupo de no adscritos.
Nota discordante
La posición política de Vox en el Parlament balear contrasta con la situación que se vive en el Consell de Mallorca y en los ayuntamientos donde Vox gobierna o da apoyo al PP, como en Palma, Marratxí, Llucmajor, Calvià y Alcúdia. Alejados de la polémica y de la continua intromisión de la dirección nacional, Vox se muestra como un socio fiable dispuesto a no dar facilidades a la oposición de izquierdas, algo que no sucede en el Parlament.
Vox y PSOE contra el PP
El PP denuncia que "la pinza política entre PSOE y Vox impide destinar 361 millones de euros adicionales a reforzar los servicios públicos esenciales y bloqueando la tramitación de los presupuestos autonómicos". Cañadas, por su parte, dijo que "las tomaduras de pelo tienen un límite". "Aquí la única pinza a los ciudadanos la hace el PP con el PSOE", zanjó la portavoz de Vox. Fuera del Parlament, ningún otro político de Vox en Mallorca ve esa supuesta alianza.
